Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el transcurso de 2017, legisladores locales aprobaron iniciativas, reformas y adiciones con impacto en distintos ámbitos de la vida pública, económica y social del estado, entre las que destacan modificaciones al Código Electoral del estado para hacer posible la reelección y la paridad de género, aplicables en el proceso electoral de 2018, así como el andamiaje jurídico para la próxima implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Sin embargo, por el interés que despertaron entre la ciudadanía y los jaloneos que se efectuaron al interior de las distintas bancadas, también es preciso recordar otros proyectos legislativos.
En Marzo prosperó con 33 votos a favor, uno en contra del panista Miguel Ángel Villegas Soto y cuatro abstenciones de representantes del Partido Acción Nacional, la autorización al Ejecutivo para que llevara a cabo un proceso de reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública por casi 11 mil millones de pesos.
En el contexto de dicha autorización, se instruyó al Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración ordenara la realización de una auditoría forense a la cuenta "Cargos por aplicar", desde sus orígenes hasta el 2014.
En abril se aprobaron reformas a los artículos 71 y 189 del Código Electoral del estado que garantizan la paridad de género en las candidaturas a diputados locales y ayuntamientos, así como al artículo 9º de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que prohíbe el hostigamiento, acoso, coacción y amenazas que impidan a integrantes de este sector de la población ejercer sus derechos políticos.
En mayo, la legislatura local avaló la reforma al Código Electoral en torno a la reelección, hasta por cuatro periodos en el caso de los diputados locales, y, uno adicional en lo que corresponde a los ayuntamientos.
En junio, se aprobó la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán, misma que les brinda el derecho a recibir acompañamiento para acceder a programas y gestionar recursos ante instancias nacionales e internacionales, públicas o privadas; el derecho a la identidad y a tener acceso a una estrategia de integración social, cultural y laboral.
Además, crea la Unidad para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y sus Familias, órgano facultado para instruir procedimientos de responsabilidad cuando se denuncie la comisión de conductas que violen los derechos de los migrantes y sus familias, cometidas por cualquiera de los órganos del estado.
En julio se aprobaron los siete ordenamientos legales que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que operará a partir de enero de 2018.
Se trata de las leyes de Responsabilidades Administrativas y Estatal Anticorrupción (de reciente creación); y, una serie de reformas y derogaciones a la Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Orgánica del Poder Ejecutivo y la de Fiscalización, así como a los códigos Penal y de Justicia Administrativa.
Las adecuaciones aplicadas contemplan penalidades desde 20 años de cárcel, inhabilitación, amonestación pública, destitución y sanciones económicas para los servidores públicos que incurran en omisiones, irregularidades y/o delitos.
Ese mismo mes, con 22 votos a favor, uno en contra y una abstención se aprobó la reforma al artículo 117 del Código Familiar del estado, con la cual miembros de la comunidad trans adquirieron la posibilidad de tramitar el cambio de identidad de género ante autoridades del Registro Civil.
Anteriormente, el cambio de identidad se realizaba mediante un proceso judicial, que implicaba la realización de exámenes médicos y consultas psicológicas, mismos que a partir de la publicación de la reforma quedaron eliminados del trámite civil. En ningún es requisito acreditar alguna intervención quirúrgica.
Asimismo, los congresistas determinaron inhabilitar por dos años al ex presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, acusado de nepotismo. Lo anterior, derivado de un procedimiento de juicio político.
En septiembre dieron luz verde a una serie de reformas a la Ley Estatal de Atención a Víctimas y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, mediante las cuales se agiliza la reparación del daño y el acceso a los recursos de los fondos de ayuda.
En octubre fueron aprobadas diversas reformas a la Ley de Tránsito y Vialidad del estado, por medio de las cuales se prohíbe a los agentes estatales y municipales que recojan placas, licencia de conducir, tarjeta de circulación u algún otro documento, como garantía para el pago de una infracción, sin embargo éstas fueron observadas por el Ejecutivo y a la fecha no se han promulgado.
En noviembre prosperó la Ley de mejora regulatoria del Estado de Michoacán, con la intención de mejorar los procesos administrativos en el ámbito estatal y municipal para simplificar, entre otras cosas, la atención a quienes requieran de un servicio público así como la recaudación de recursos.
En diciembre, finalmente se concretó la eliminación del fuero a los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mediante una serie de reformas a la Constitución del estado así como a las Leyes Orgánica y de Procedimientos del Congreso, y, de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos.
Ello representa la eliminación de la figura que impedía la instauración de procesos penales en contra del gobernador, procurador de justicia, secretario de gobierno, diputados, magistrados, consejeros electorales y del Poder Judicial, así como el titular de la Auditoría Superior de Michoacán.
Conforme a los términos del dictamen avalado, se conserva la figura de inviolabilidad por la opinión parlamentaria, que implica que ningún diputado puede ser reconvenido o procesado por pronunciamientos hechos desde la tribuna del congreso.
De igual manera, aprobaron las 113 leyes de Ingresos Municipales; y, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2018 por 65 mil 605 millones 412 mil 298 pesos.
CA
