Por: Antonio Aguilera/ @gaaelico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fueron justo ocho las víctimas y han sido ocho ya los años, pero hasta el momento no existe un responsable, ni tras las rejas, ni en los gruesos legajos de las investigaciones de las autoridades. Pero para los familiares de las víctimas de los atentados del 15 de septiembre del 2008 de Morelia, todo sigue igual como en aquella fatídica noche.

Aquel día Michoacán era otro: el Michoacán de los ciudadanos que caminaban libres por las calles y acudían en masa a las celebraciones públicas. Las calles del Centro Histórico estaban colmadas de ciudadanos, que cumplían a cabalidad con el rito patrio, y que se daban cita frente a Palacio de Gobierno para celebrar a un país que estaba a punto de meterlos al más infame de los infiernos: la violencia y la muerte desatada por la guerra del crimen organizado.

Lo más paradójico es que la primera tragedia del terrorismo narco en México, se desató justo en una plaza que homenajea al hombre –Melchor Ocampo-, que premonitoriamente legó un apotegma al cual nadie o casi nadie le hecho caso en México: “Es hablándonos y no matándonos, como habremos de entendernos”.

Nadie anticipaba la larga noche que se caía sobre el país. Antes de que las manos criminales lanzaran dos granadas de fragmentación contra la población aglomerada en la Plaza Melchor Ocampo, todo se desarrollaba bajo un cariz de inocencia, de intimidad ciudadana que se acerca a festejar los símbolos de su país, con un dejo de alegría.

Pese a todo, justo en el momento de las vivas a la patria, que lanzaba eufórico el entonces Gobernador Leonel Godoy a la multitud, un estallido seco irrumpió en medio de la plaza, y abrió de par en par la puerta de ese cofre de pandora, que llenó de tragedias la historia reciente de Michoacán y de México. El saldo: ocho muertos y 136 heridos, además de una secuela traumática que se mantiene en carne viva en la memoria de quienes perdieron a los suyos aquella noche.

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Ocho años han pasado desde entonces, pero lo cierto es que nadie responde por esas muertes:

A las pocas horas de los atentados, el gobierno de Felipe Calderón daba a conocer que una de las líneas de investigación en torno a lo sucedido en esta capital, es que integrantes del crimen organizado, vinculados al cártel del Golfo, habían lanzado las granadas a quemarropa en contra la población.

El 26 de septiembre del 2008 la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, por el cual se detuvo en Apatzingán a tres presuntos autores materiales del ataque contra una multitud. Las reseñas periodísticas indican que una llamada anónima señalaba que en una casa estaban los “autores de los atentados”.

Pero sus nombres no decían nada: Julio César Mondragón Mendoza, El Tierra Caliente; Juan Carlos Castro Galeana, El Grande, y Alfredo Rosas Elicea, El Socio o El Valiente. Uno de ellos era mecánico y otro carpintero.

El caso se fue desvaneciendo: Desde septiembre de 2009, el juez federal del caso, Arturo Fonseca, tenía dudas de la culpabilidad de los imputados, debido a que cuatro testigos declararon ante el juzgador que al menos tres de los cuatro presuntos miembros del grupo criminal fueron vistos la noche del Grito de Independencia de 2008 en el puerto de Lázaro Cárdenas, a unos 350 kilómetros de Morelia.

El 27 de mayo del 2015, estas personas fueron exoneradas de los delitos de delincuencia organizada, terrorismo, homicidio agravado, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, lesiones calificadas y tentativas de homicidio.

Sin embargo, en diciembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo la orden de reaprehensión en contra de las tres personas acusadas de lanzar granadas, debido a que “el fallo del Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, sentó precedente, en virtud de que no se acreditaron daños físicos ni psicológicos contra los implicados.”

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Los “culpables” siguen siendo “inocentes”

Otro ha sido el navegar de los familiares de las víctimas: esta semana solicitaron al gobierno del estado apoyo para más de 100 personas que sufren secuelas del atentado. Dijeron necesitar servicios médicos adecuados, medicamentos y más apoyo del gobierno.

En general, exigen que se revise el decreto que se aprobó durante la gestión de Leonel Godoy, porque no se tomó en cuenta a personas que aparentemente no padecieron daños mayores.

Silvano Aureoles comprometió apoyos y ahora sí materializar las pensiones vitalicias, pese a la oposición que siempre se ha presentado en el Congreso.

A ocho años, en Morelia la herida sigue abierta, aunque ya no es visible, y en muchas ocasiones, -quizás- ya nadie se acuerda.

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