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Sayra Casillas/@SayraCasillas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La interrupción legal del embarazo, la regulación de marchas y otros tipos de protestas sociales, la eliminación del fuero constitucional, reformas a la Constitución Política del estado, en el contexto de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la homologación del Código Penal conforme a la normativa nacional son algunos de los asuntos que quedaron pendientes para el tercer año legislativo.

Este domingo inició el segundo receso en el congreso estatal, mismo que se prolongará hasta el 14 de septiembre del presente año, lo cual indica que los asambleístas michoacanos no sesionarán de manera ordinaria durante ese periodo, sin embargo podrían hacerlo de forma extraordinaria para desahogar temas urgentes que ya estén dictaminados.

Así lo puso de manifiesto la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Adriana Hernández Íñiguez, quien remarcó que continuará el trabajo en las distintas comisiones, y, de ser necesario, los parlamentarios sesionarán de forma extraordinaria.

Fue ese el escenario que estimó para la iniciativa de decreto del Proyecto Integral para la Modernización, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Gestión de la Energía del Sistema de Alumbrado Público de Morelia, que este mes presentaron las autoridades capitalinas, en caso de que avance la revisión en comisiones y el dictamen esté listo antes de que se reanude el siguiente periodo.

Asuntos prioritarios Para el periodo ordinario que arrancará el 15 de septiembre del año en curso son más de una decena los asuntos que parlamentarios de las distintas fracciones han señalado como prioridad.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Pascual Sigala Páez, dijo que dará seguimiento a la Ley sobre Función Notarial que presentó a mediados de marzo de este año, para sustituir la legislación vigente en esa materia, así como a la iniciativa de Ley Orgánica Municipal que impulsa el grupo parlamentario del PRD.

Esa última iniciativa contiene 352 artículos, mediante los cuales se establecen figuras de participación ciudadana, como la revocación de mandato y el reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, una nueva clasificación de los municipios para evitar el trato desigual y se precisa que los ayuntamientos no tienen un superior jerárquico.

Los también perredistas Ángel Cedillo Hernández y Nalleli Pedraza Huerta, presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente, coincidieron en la necesidad de que se dictamine la iniciativa relativa a la interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas de gestación.

Dicha iniciativa la presentó Nalleli Pedraza en julio de 2016, y, aunque a decir de Ángel Cedillo el dictamen ya está listo en términos técnicos, todavía no hay consenso en cuanto al número de semanas de gestación límite para que una mujer pueda suspender su embarazo sin ser penalizada.

Otro asunto que ya está dictaminado e interesa a la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) que sea resuelto es el de la regulación de marchas y plantones, cuya iniciativa se presentó desde octubre de 2015.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia anticipó que habrán de modificar alrededor de 16 artículos de la Constitución Política del estado para consolidar lo que será la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, y, por otro lado, presentar una propuesta general de reforma al Código Penal homologado conforme a las disposiciones federales.

Congeladora legislativa En mayo del presente año, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Manuel López Meléndez, evidenció que tan sólo de esa bancada habían en análisis de comisiones más de cincuenta proyectos de ley, algunos de los cuales llevaban más de un año en la llamada “congeladora legislativa”, por lo que demandó la intervención de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que hiciera una llamado a los presidentes de las respectivas comisiones a fin de que se ajustaran al plazo de 90 días que establece el marco jurídico.

Entre las que señaló con rezago, y que a la fecha no se han aprobado están: la prohibición del matrimonio infantil, la pensión provisional justa, la despenalización del aborto, la creación de un instituto para la atención de personas con discapacidad y otro organismo para la evaluación de los programas sociales, así como la reforma a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores, para que se destine una pensión a los que están en situación de pobreza.

Es preciso subrayar que el rezago no sólo se advierte en las iniciativas presentadas por los perredistas, pues en la “congeladora” también hay proyectos de diputados de otros partidos políticos, que datan incluso de 2015.

Por ejemplo, en noviembre de ese año, el panista Miguel Ángel Villegas Soto, presentó una iniciativa de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del estado; a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia; y a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, para proponer la implementación de un control técnico-legislativo para medir y evaluar el desempeño de esas áreas.

Lleva más de un año el proyecto de reforma al artículo 188 del Código Penal del estado, que presentó la parlamentaria Andrea Villanueva Cano para tipificar la conminación lesiva a quien intimide, presione o amenace a quien realice actividades periodísticas.