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Todavía están pendientes una serie de reformas a las leyes de Obras Públicas, a la de Adquisiciones y a la Ley Orgánica municipal (Foto: Facebook Mario Armando Mendoza Guzmán)

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Llegó el mes de enero y con él la expectativa de un avance hacia la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, orientado a la prevención, persecución y castigo de los delitos de esa índole, para el cual todavía están pendientes de designar el fiscal anticorrupción y los dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa especializados en esta materia.

El año pasado se aprobaron los siete ordenamientos legales que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, mismo que según las expectativas iniciales operaría a partir de este mes.

Se trata de las leyes de Responsabilidades Administrativas y Estatal Anticorrupción (de reciente creación); y, una serie de reformas y derogaciones a la Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Orgánica del Poder Ejecutivo y la de Fiscalización, así como a los códigos Penal y de Justicia Administrativa.

Las adecuaciones aplicadas contemplan penalidades desde 20 años de cárcel, inhabilitación, amonestación pública, destitución y sanciones económicas para los servidores públicos que incurran en omisiones, irregularidades y/o delitos.

En cumplimiento al marco jurídico, ya fueron designados y nombraron protesta los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana, mismo que quedó conformado de la siguiente manera: Por un año, Rafael Villaseñor Villaseñor, presidente; Elizabeth Vázquez Bernal, quien ejercerá cinco años; Rosmi Berenice Bonilla Ureña, quien ocupará el cargo cuatro años; Elvia Higuera Pérez, participará en el órgano por tres años, en tanto que Juan José Tena García hará lo propio por dos años.

Se espera que en el transcurso de este mes, en sesión extraordinaria sean nombrados los dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y el fiscal anticorrupción, mientras que por su parte, la comisión seleccionadora integrada por nueve ciudadanos tendrá que designar al contralor para el Sistema Estatal Anticorrupción.

Por otro lado, deberá nombrarse al titular de la secretaría ejecutiva, que se encargará de administrar los recursos que le sean asignados al Sistema Estatal Anticorrupción para su operación.

En entrevista, el presidente de la comisión de Gobernación, Mario Armando Mendoza Guzmán, explicó que el retraso en el nombramiento del fiscal anticorrupción se deriva de la falta de consenso entre las bancadas, pues el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechaza la designación de un perfil ligado al poder Ejecutivo.

Relativo al marco jurídico, puntualizó el legislador que todavía están pendientes una serie de reformas a las leyes de Obras Públicas, a la de Adquisiciones y a la Ley Orgánica municipal.

CA