Sayra Casillas / @SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). – Opiniones encontradas generó entre los ciudadanos de Morelia la iniciativa de ley que se discute en el Congreso del estado en torno a la regulación de marchas, plantones y manifestaciones, cuyo dictamen será votado a fines de este mes por los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos, Puntos Constitucionales y Gobernación.
Mientras que representantes de un sector de la ciudadanía señalan que "es necesario un marco regulatorio que frene las acciones de presión que afectan a terceros", hay quienes opinan que, de no ser por los bloqueos de vialidades, tomas de edificios públicos, marchas y plantones, autoridades de cualquiera de los tres niveles de gobierno no atenderían reclamos sociales.
En un sondeo realizado por MiMorelia.com en el centro histórico de esta ciudad capital, epicentro de constantes movilizaciones, principalmente del sector magisterial, agrupaciones sociales, estudiantiles e indígenas, ciudadanos evidenciaron diversidad de opiniones.
"Las manifestaciones son necesarias para quienes las hacen, pero afectan terriblemente a toda la población, por eso el gobierno debe tratar de resolver preventivamente las cosas antes de que trasciendan a una inconformidad mayor", expuso José Noyola Páramo, originario de Purándiro pero residente de Morelia.
Para el médico jubilado, de 63 años, es obligatoria la implementación de una ley que regule la actuación de quienes ejercen su derecho a manifestarse libremente.
En contraste, el estudiante José Manuel Félix, de 21 años, se pronunció rotundamente en contra de la llamada Ley Antimarchas, con el argumento de la exigencia de mejores condiciones sociales es un derecho civil.
"Entiendo que personas se ven afectadas por los bloqueos de calles, por el cierre de avenidas principales, pero la sociedad en general también tiene que ver lo positivo, o qué se está solicitando por parte de los manifestantes", indicó, con la perspectiva de que hay demandas "justas" que bien valen la pérdida de algunos minutos entre el lento transitar de los vehículos.
Diana Bravo Rodríguez, estudiante de 21 años, admitió que ese tipo de acciones afectan a personas ajenas, sin embargo, dijo que está a favor de ellas.
"Creo que son necesarias, para que de alguna manera se tome en cuenta la opinión de los ciudadanos o de las personas que se están manifestando", refirió, para después compartir que no está de acuerdo con los proyectos de ley que por separado presentaron la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Macarena Chávez Flores y Ernesto Núñez Aguilar del Partido Verde Ecologista de México.
Mónica Barajas, de 26 años, barman en un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad, expresó que no está en contra de las manifestaciones sino de la forma en la que éstas se realizan.
"Si quieren perjudicar a un funcionario, vayan a su casa y hagan un escándalo, no donde perjudican a quienes no tenemos la culpa…. Llegamos tarde al trabajo, nos regañan, perdemos tiempo en hacer nuestras actividades por las marchas, que ya se han vuelto muy recurrentes", exclamó.
Añadió que en un día "de furia" de esos en los que se generan marchas, bloqueos de vialidades, tomas de edificios y plantones, las ventas en el establecimiento en el que labora disminuyen hasta en un 80 por ciento.
Desde su óptica, es un deber de los legisladores regular esas acciones: "ojalá que se atrevan a hacer algo por el bien de todos, porque no solamente nos perjudica a nosotros como ciudadanos, creo que a ellos también".
Finalmente, Laura Barajas Ramírez, empleada en una tienda de ropa tradicional michoacana, narró que no percibe una disminución generalizada en las ventas cada vez que se suscita una movilización, pero si recibe comentarios de sus clientes respecto a las dificultades que atraviesan para encontrar un lugar en el que se puedan estacionar.
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