Ciudad de México (Boletín).- El pasado 6 de marzo, la Sección XVIII dominada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán circuló un documento presumiendo la firma de una minuta entre el gobierno del estado de la entidad, a través de la Secretaría de Educación y el Comité Ejecutivo Seccional de la CNTE. De confirmarse la veracidad de dicho documento, se violentaría –una vez más– el derecho a una educación de calidad de niñas, niños y jóvenes michoacanos. Mexicanos Primero exhorta a la autoridad estatal a transparentar dichos acuerdos y a reconocer su falta de validez, si tal fuera el caso.
En un documento de cuatro cuartillas dirigido a su militancia, dividido en cinco ejes prioritarios, la Sección XVIII dice contar con el aval del gobierno del estado para, entre otras cosas: 1.) Establecer —de manera conjunta— un programa de saneamiento y ordenamiento de la administración en la Secretaría de Educación del Estado (Eje 5, inciso "f"); 2.) Ratificar el pago de bonos otorgados a los trabajadores homologados no transferidos en el Estado (Eje 5, inciso "h"); 3.) Reconocer que en todos los planteles educativos donde se imparta educación básica, media superior y superior deben contar con una "estructura ocupacional debidamente autorizada" (Eje 5, inciso "i"); 4.) Mantener su compromiso de no ejercer contra los maestros ninguna acción "administrativa, laboral o física" por su participación en las jornadas de lucha magisterial ( Eje 5, inciso "r").
La rectoría de la educación en Michoacán le corresponde única y exclusivamente a la autoridad. Es un mandato con atribuciones precisas de ley. Abdicar a ella es hipotecar el derecho humano a una educación de calidad por intereses muy particulares y ajenos al bienestar común de los michoacanos. La privatización de plazas y recursos públicos que busca sistemáticamente la dirigencia de la Sección XVIII, de manera que se favorezca a su corporación violentando los mandatos constitucionales y las leyes generales de educación y del Servicio Profesional Docente, deben ser rechazada vigorosamente.
La historia de los acuerdos —las tristemente célebres "minutas"— entre el gobierno del estado y la CNTE no es nueva. En lugar de gobernar de cara a toda la ciudadanía y con el monitoreo de los sistemas de la federación y del propio estado de Michoacán de Ocampo, las minutas han sido obstáculo para sacar a la entidad del estancamiento educativo en el que se encuentra. Este añejo y antidemocrático instrumento de presión, que no tiene formato válido según el orden jurídico nacional, ha terminado por doblegar a las administraciones pasadas dejando en el olvido total el derecho a aprender y decepcionando a quienes sí aspiran a una genuina transformación educativa.
Mexicanos Primero insta al gobernador Silvano Aureoles a cumplir su promesa de campaña respecto a su negativa de jamás prestarse a este ejercicio de simulación mediante la firma o validación de cualquier minuta con la CNTE. Al hacerlo, el gobernador Aureoles no sólo refrendará su compromiso con los michoacanos, sino ratificará su respeto por la Constitución y las leyes generales que le mandatan cumplir la ley y hacerla cumplir en estricto acuerdo al orden jurídico nacional.
Lamentamos y reprobamos la falta de compromiso de los líderes de la Sección XVIII para asumirse como una representación de educadores profesionales, garantes del pleno derecho que les asiste a los alumnos de sus agremiados. Reconocemos que ésta no es la realidad de todos los maestros pertenecientes a dicha sección pero sí el de una cúpula que sigue lucrando con la educación, como si se tratara de un "botín". La niñez y juventud michoacana no puede seguir siendo parte de ningún "botín".
Mexicanos Primero refrenda su compromiso con la transformación educativa en el país, sin excepciones. Conscientes de que el éxito o fracaso del cumplimiento a la modificación al Artículo Tercero como del cambio de prácticas y actitudes dependen en gran medida del impulso y compromiso de los distintos actores en lo local, confirma su voluntad de acompañar a los gobiernos estatales con monitoreo ciudadano y propuesta de política pública en la debida implementación de lo que la ley manda. No puede separarse a Michoacán del resto de México con un muro de ignorancia, opacidad y desprecio a la ley; la nueva generación de michoacanas y michoacanos merece más.
