Por: Ariana Castellanos
Ciudad de México (Rasainforma.com).- México no mejora en los niveles de corrupción, de hecho cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, y se ubica en el lugar 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción.
En este Índice la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.
A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
"México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad", señala el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership.
La investigación señala que la corrupción es un problema institucional. Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de Fiscalías Independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito.
Diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México.
Transparencia Internacional (organismo) hacer una serie de recomendaciones a México como:
1) Asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el territorio nacional.
2) Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas "empresas fantasma".
3) Crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.
4) Avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.
