Robarle el futuro a niños de regiones marginadas del país, mayor crimen de la CNTE: Ramírez Magaña

La CNTE se ha convertido en una organización criminal, indica Ramírez Magaña en su columna
La CNTE se ha convertido en una organización criminal, indica Ramírez Magaña en su columna

Ciudad de México (MiMorelia.com).- "El mayor crimen de la CNTE no es el que atestiguamos diariamente en las noticias de las últimas semanas. El mayor crimen de la CNTE es robarle el futuro a los niños y jóvenes de las regiones más marginadas del país", indicó Alejandro Ramírez Magaña, del Consejo Mexicano de Negocios.

En su columna publicada este lunes en el Diario Reforma, difundida por Mexicanos Primero, Ramírez Magaña, indicó que "la CNTE se ha convertido en una organización criminal. No solo porque quemar autobuses, saquear tiendas, vandalizar la propiedad ajena y bloquear vías de comunicación básicas son crímenes; sino porque someter a los niños de Oaxaca, Michoacán y Chiapas a una educación precaria también lo es".

A continuación la columna integra de Alejandro Ramírez Magaña

Hace una semana, el líder de un organismo empresarial le preguntó a un grupo de comerciantes oaxaqueños afectados por los bloqueos de la CNTE cómo vislumbraban que terminaría el conflicto magisterial. Uno de ellos, sin mayor reflexión, respondió: "Como todos los años. Maiceados los líderes, pobres los maestros y burros los niños." Esa ha sido la tragedia de la educación en nuestro país por décadas. Cada mes de mayo, las cúpulas magisteriales forzaban la aprobación de un nuevo paquete salarial en el que el gobierno realizaba nuevas concesiones, en su mayoría prebendas y privilegios para los líderes magisteriales, a cambio de prácticamente nada en cuanto a compromisos de logro de aprendizaje.

Esta dinámica perversa ha sido alterada de fondo por la reforma educativa que le devuelve la rectoría de la educación al Estado y le permite definir las políticas públicas necesarias para brindarles a los niños mexicanos una educación de calidad. La cúpula de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el ala disidente del magisterio, rechaza la reforma educativa no porque vea en ella un modelo educativo antagónico, sino porque la reforma pone fin a su modelo de negocio, el cual se ha centrado en controlar el mercado de plazas docentes, así como el pago y las promociones del magisterio. Este retorcido modelo de negocio lo abarcaba todo, desde la venta, renta y herencia de plazas docentes hasta la designación de comisionados o "aviadores" que cobran como maestros sin estar frente a un aula. Parte fundamental de este modelo es el control del pago quincenal a los maestros a través de cheques, lo cual les permite retenerles el pago si no participan en las marchas o bloqueos, o si se presentan a dar clases los días que dictan paro. Es por ello que la CNTE está bloqueando el intento de gobiernos estatales como el de Michoacán de hacer el pago directo a los maestros a través de tarjeta bancaria, pues les quitaría el principal medio que tienen para extorsionar a los maestros.

Es importante recordar que los jóvenes mexicanos tienen el peor nivel de lectoescritura y de razonamiento matemático de los 36 países de la OCDE, y dentro de México, los jóvenes oaxaqueños, chiapanecos y michoacanos -justo los estados en donde la CNTE controla a gran parte del magisterio- obtienen los últimos lugares del país en las diferentes pruebas de aprendizaje. Por si fuera poco, además de lastimar el desarrollo de cientos de miles de niños y jóvenes en estos estados, las demandas desmedidas de la CNTE -como la generación automática de plazas docentes- tienen a las finanzas públicas de dichas entidades en estado deplorable.

Pero la CNTE no solo despoja a los maestros que dice representar. También tiene un largo historial de extorsionar al Estado. Y es que no se le puede llamar de otra manera a las tácticas utilizadas por la CNTE para alcanzar sus objetivos: el cierre de carreteras, puentes, ferrovías y vialidades, el saqueo de autobuses, tiendas, bodegas y camiones, el vandalismo irracional, el pillaje. Hasta el momento, los bloqueos y desmanes de la CNTE han ocasionado pérdidas materiales por más de 3 mil millones de pesos a cientos de empresas en Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Pero más grave aún, han generado el desabasto de bienes básicos a cientos de miles de ciudadanos. Y con el bloqueo de carreteras y ferrovías están alterando las cadenas productivas de varios sectores clave para la economía del país como el automotriz, el agropecuario, el acerero, el petrolero y el minero. Los daños económicos a estas industrias serán millonarios.

La CNTE se ha convertido en una organización criminal. No solo porque quemar autobuses, saquear tiendas, vandalizar la propiedad ajena y bloquear vías de comunicación básicas son crímenes; sino porque someter a los niños de Oaxaca, Michoacán y Chiapas a una educación precaria también lo es. El mayor crimen de la CNTE no es el que atestiguamos diariamente en las noticias de las últimas semanas. El mayor crimen de la CNTE es robarle el futuro a los niños y jóvenes de las regiones más marginadas del país.

El mayor reto que tiene nuestro país es el fortalecimiento del estado de derecho. Si una organización sindical que lleva décadas operando al margen de la ley logra imponer su agenda haciendo uso de la intimidación y el chantaje, el estado de derecho se verá nuevamente vulnerado. Los responsables de los saqueos y actos de vandalismo que vemos y padecemos todos los días no deben quedar impunes. En caso contrario, se refuerza el precedente de que incomunicar regiones enteras y alterar la vida productiva del país son medios legítimos para avanzar cualquier agenda política.

Hace décadas que al país le urgía una reforma educativa. Finalmente, en 2013 se logró el consenso político para lograrla. Dejar que la CNTE, a través de actividades criminales, abra la posibilidad de derogar o modificar la reforma sería justificar su modelo de negocio. Grave error sería que aquellos que alteran la paz social haciendo uso de medios ilegales triunfaran sobre el estado de derecho y sobre el derecho de los niños y niñas de nuestro país a recibir una educación de calidad.

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