Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la posición 28 de 32 entidades federativas se encuentra Michoacán respecto a la efectiva ejecución de sus recursos estatales, según revela el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 (IIGE) que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El estudio analiza los estados financieros de Ingresos y Egresos de las 32 entidades federativas, comparándolo también con la deuda pública que tienen, mostrando con ello la distancia entre el destino de los recursos asignados en los presupuestos estatales y la manera en que efectivamente se gasta el dinero durante el ejercicio fiscal correspondiente.
En este caso, los datos proporcionados son el resultado de la revisión hecha a información financiera del Ejercicio Fiscal de 2016, para Michoacán, este cumplió solamente con el 39.20 por ciento de efectividad en el gasto, es decir, lo que la autoridad estatal
realmente destinó en los rubros que el congreso del estado le etiquetó.
Para el IMCO los gobiernos estatales no solo no gastan en lo que dicen, sino que gastan demás y terminan aumentando su deuda, agregando que con esos ingresos excedentes obtenidos en 2016 por las entidades federativas se hubiera podido pagar el 39 por ciento del gasto de la deuda pública estatal.
La crítica del IMCO se centra en el destino excesivo que se hace a las áreas de comunicación social de las administraciones públicas, en el caso de Michoacán, esta ha ido aumentando su presupuesto desde este gobierno, pasando de 44 .7 millones de pesos en 2015 a 63.1 millones de pesos en 2016.
Igualmente se señala que a 10 años de su aprobación, los gobiernos locales como Michoacán, violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental al no reportar de forma armonizada y homologada dicha información y al hacer un mal uso de “la creatividad contable”.
Para estados como Michoacán, la IMCO propone que el congreso del estado no apruebe “presupuestos irreales”, que el gobierno del estado publique en tiempo y forma su información financiera, así como que las variaciones injustificadas entre el presupuesto de egresos aprobado y el monto del gasto sean sancionadas.
Además, aconseja que se elimine el uso de efectivo en las administraciones estatales con el propósito de dar mayor seguimiento y veracidad a la información reportada; sean impulsadas auditorías en tiempo real para detectar irregularidades al momento de la ejecución de los recursos públicos y con ello evitar que los casos fenezcan y no se puedan fincar responsabilidades a ex funcionarios con prácticas indebidas, así como se sugiere que se fortalezcan las sanciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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