El tema de los derechos humanos en México, hoy en día, ocupa un lugar primario en las agendas de los Poderes y de las instituciones del Estado, debido a que existe una gran problemática para garantizar el pleno disfrute de los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
México, a partir del año 2008 (con la reforma al sistema de justicia penal), el tema de los derechos humanos empezó a evolucionar y a tomar un nuevo paradigma; es ahí, en ese momento, en donde se empieza a desencadenar una serie de reformas constitucionales y legales en pro de los derechos humanos.
Estas reformas, a las que se hacen alusión, se dan en el año 2011, en materia de derechos humanos y en materia de amparo. La primera amplía el marco sustancial, es decir, la parte de los derechos; mientras que la segunda, la de amparo, tiene como fin establecer nuevos parámetros para proteger los derechos humanos vía judicial, una vez que estos derechos han sido violentados por la autoridad.
En la República mexicana no ha bastado con que el Poder Legislativo haya realizado grandes reformas constitucionales, ni tampoco con que el Poder Judicial Federal haya emitido criterios de gran importancia que amplían el marco de protección de los derechos humanos de los gobernados, pues el problema sigue ahí, manifestándose y magnificándose. Ante este problema, el Ejecutivo debe emplear medidas necesarias y eficaces para consolidar lo que normativamente se establece y consolidar, así, un pleno estado de derecho; esto se realizará mediante la cooperación de las diversas instituciones que conforman al Estado, en especial las comisiones de Derechos Humanos (federal y estatales).
Ante la problemática imperante en México sobre violaciones a derechos humanos, gran parte de la sociedad ha perdido la confianza en las instituciones encargadas de proteger, prevenir y difundir el respeto de estos derechos; pues esta parte de la sociedad piensa que las comisiones de Derechos Humanos protegen más al delincuente que al gobernado y que las reformas constitucionales en cita solamente sirven como un puente para consolidar la impunidad en México. Es aceptable esta postura ideológica que mantiene gran parte de la sociedad mexicana sobre la desconfianza hacia las instituciones de derechos humanos.
Una realidad en nuestro país, sobre las comisiones de Derechos Humanos, es la forma en que trabajan para proteger, prevenir y difundir el respeto de los derechos humanos, pues dichas acciones no se adaptan a la realidad de la sociedad. Esas medidas que emplean no son inoperables, pero sí un poco obsoletas y, por tanto, es que estas instituciones quedan mucho a deber a la sociedad, consolidándose así un malestar y desconfianza social sobre dichas instituciones.
Hay un severo problema, educativo y cultural, sobre el tema de los derechos humanos, derivado de que los planes de acción que implementan estas instituciones no tienen como fin el acercamiento y participación directa con la sociedad, para difundir la importancia y funcionamiento de los derechos humanos. Lo que comúnmente realizan dichas instituciones es emitir, mediante comerciales en los medios de comunicación, mensajes que solamente hacen referencia a la imagen de las comisiones de Derechos Humanos, pero sin atender temas como el respeto y prevención de los derechos humanos. No muestra una manera clara y directa de concientizar y de reeducar a la sociedad, sobre la importancia y beneficios que hay cuando se llega a consolidar un verdadero respeto de los derechos humanos.
La evolución de los derechos humanos es constante, por ello es que las comisiones de Derechos Humanos deben estar a la vanguardia para saber operar de la manera más eficaz los cambios que tanto normativa como judicialmente se están dando; por ello es que necesitan contar en sus filas con personal altamente capacitado sobre el tema de los derechos humanos, para que, en conjunto, busquen emplear planes de acciones que cumplan con las necesidades sociales y puedan sembrar de nuevo la confianza a la sociedad sobre el trabajo que realiza esta institución, que tiene como fin proteger, prevenir y difundir el respeto de los derechos humanos.
La eficacia de las comisiones de Derechos Humanos no debería medirse con base en cuántas recomendaciones emite al año a las diferentes instituciones del Estado; por ello, la reestructuración a la cual se hace mención tiene como fin primordial bajar los índices de recomendaciones a las autoridades que atentan contra la esfera jurídica del gobernado.
Esto se puede lograr mediante sólidas estrategias que tengan como objetivo capacitar y sensibilizar a los miembros de las diferentes instituciones del Estado, en especial a aquellas que tienen altos índices de recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos, para que se abstengan de realizar conductas que alteren la esfera jurídica de la sociedad.
Muchos pensarán que es imposible una reestructuración en las comisiones de Derechos Humanos pero, en mi opinión, creo que sí se puede lograr. Pero para consolidarlo es necesario que exista una cooperación y participación directa de la sociedad y del Estado.
Hay que señalar que el Estado (Ejecutivo) solamente se debe limitar a brindar los medios económicos y humanos correspondientes, pero por ningún motivo debe intervenir en las comisiones de Derechos Humanos con un fin político. Se debe despolitizar a las comisiones de Derechos Humanos; así como tener personal altamente capacitado que entienda la necesidad e importancia de respetar los derechos humanos en México. Pues las comisiones de Derechos Humanos deben trabajar para la sociedad y no que la sociedad sufra de violaciones a derechos humanos, para que pueda presentar sus quejas, para que las comisiones se activen y puedan trabajar. Así no funcionan las cosas.
