Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Arquidiócesis de Morelia afina un plan provincial para atender a víctimas de la violencia. En los próximos dos años, contempla la apertura de más de 30 centros de apoyo en las diócesis de Morelia, Zamora, Apatzingán, Tacámbaro y Lázaro Cárdenas, según lo anticipó este domingo el arzobispo, Carlos Garfias Merlos.
En conferencia de prensa, el jerarca religioso explicó que ese proyecto forma parte del plan diocesano que recientemente inició, con el propósito de renovar y revitalizar la función pastoral y de evangelización, dirigidas principalmente a los núcleos familiares y a los grupos sociales que han sido violentados, con una expectativa de trabajo por 10 años.
Remarcó que para ese proceso de "construcción de paz", iniciarán procesos de capacitación a los equipos que estarán a cargo de los "centros de escucha" que en los próximos dos años se abrirán en cinco diócesis.
Aunque aclaró que no tenía en ese momento las cifras exactas, estimó que en la diócesis de Morelia pondrán en operación siete centros de apoyo; 15 en la de Zamora; tres en la de Tacámbaro; cinco en la de Apatzingán; y, dos en la de Lázaro Cárdenas.
A preguntas expresas, respondió que el número de espacios por abrir, en inmuebles cuya ubicación todavía no está definida, se determinó conforme al trabajo que llevó a cabo la Pastoral Social, y, el proyecto inicialmente será financiado con recursos de voluntarios y organizaciones al interior de la misma iglesia. El reto posterior, añadió, será buscar fondos para su continuidad.
Conforme a la información que brindó Garfias Merlos, cada equipo a cargo de un centro de apoyo a víctimas estará conformado por un psicólogo, un sacerdote, un trabajador social, además entre cinco y 10 voluntarios.
Hizo hincapié en que la primera actuación consistirá en brindar primeros auxilios psicológicos, y posteriormente se otorgará acompañamiento psicosocial, y, si lo requiere apoyo jurídico.
Es preciso recordar que en esta última década, Michoacán ha enfrentado procesos agudos de crisis económica, violencia, inseguridad y descomposición social; en el 2013, un levantamiento de civiles armados detonó desplazamientos internos y externos de familias, heredó viudas y huérfanos cuyo registro oficial se desconoce hasta la fecha.
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