Cerrados los carriles centrales de la avenida Camelinas por trabajos de bacheo, a partir de Virrey de Mendoza con dirección hacia la calzada Ventura Puente. Los laterales siguen en función pero hay filas muy largas 

 

Cerrada la avenida Madero en el Centro Histórico en ambos sentidos por integrantes de la CNTE

 

Por falta de energía eléctrica, siguen sin funcionar los semáforos de la salida a Charo entre el distribuidor vial y Ciudad Industrial

 

Sumamente complicada y a vuelta de rueda la circulación en el Libramiento Norte para los que vienen de la salida a Salamanca con dirección hacia salida a Charo debido a trabajos frente al Mercado de Abastos y esto genera bastante lentitud, entre 20 y 30 minutos para llegar a salida a Charo

Advierten posibilidad de que Alfonso Martínez frene denuncias en su contra

El virtual alcalde electo asumiría una posición de “ofendido e imputado” en las denuncias penales y demandante y demandada en los procedimientos administrativos

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Segura Alanis señaló que 48 denuncias continúan en investigación (Foto: Marco Santoyo)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El abogado general del Ayuntamiento de Morelia, Cristian Omar Segura Alanis, advirtió sobre el riesgo de que el virtual alcalde electo, Alfonso Martínez Alcázar, sea “omiso” ante las denuncias penales y procedimientos administrativos que la actual administración interpuso en su contra y de otros exservidores públicos, por un presunto daño al erario público por cerca de 120 millones de pesos.

Y es que, el ahora edil, electo por los próximos tres años, asumiría una posición de “ofendido e imputado”, pues a partir del 1 de septiembre del presente año su gobierno sería el encargado de aportar los datos probatorios de las denuncias interpuestas por la gestión de Raúl Morón Orozco, ahora a cargo de Humberto Arróniz Reyes.

En rueda de prensa solicitada por representantes de medios de comunicación, el funcionario municipal aseguró que existe la posibilidad de que la próxima administración municipal pudiera ser omisa en los seguimientos y aportación de pruebas dentro de los procedimientos en marcha.

Sin embargo, argumentó, sería la Fiscalía General del Estado (FGE), la instancia encargada recabar datos y medios de prueba que integraran las carpetas de investigación.
 
Además, refirió que en caso de que existiera el otorgamiento de un perdón legal sobre alguna de las 49 denuncias interpuestas, tendrían que dar argumentos sólidos del por qué se haría tal acción, o en su caso deberían ser las instancias locales y federales las que actúen en consecuencia, ya que podría incluso ser esto motivo de otro ilícito.


Pese a lo anterior, aseguró que esperan que no llegue este escenario y dijo que confían en la institución procuradora de justicia estatal.

“Está ese riesgo latente, precisamente por eso queremos agotar los recursos que la ley nos da”, aseveró.  

Segura Alanis señaló que existe un avance considerable en torno al grueso de denuncias, ya que a excepción del caso del Relleno Sanitario, las otras 48 denuncias continúan en investigación.

“El resto de las denuncias siguen su trámite de investigación, no hay avance significativo, pero confiamos en este órgano de procuración de justicia de continuidad a estas denuncias, son 49”, señaló.

Entre las denuncias destacan las que son por ejecución de obra no comprobada, falta de elaboración de proyectos ejecutivos, uso ilícito de atribuciones y facultades en autorización de obra, así como abstención de cumplir con administrar y verificar el cumplimiento de un contrato, principalmente, de acuerdo a lo referido en entrevistas pasadas por el actual contralor, Norberto Bedolla Rendón.

Este miércoles se celebró una audiencia inicial en el caso de la denuncia penal interpuesta en julio del año pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde acusaron a 16 exfuncionarios públicos, 10 de ellos de primer nivel, de actuar en “contubernio” con la empresa privada “Veolia”, ahora “Proactiva”, por presuntamente modificar las bitácoras del ingreso de tonelaje al Relleno Sanitario, concesionado a la empresa ya mencionada.

Lo que presuntamente generó cobros excesivos al municipio, sin ninguna justificación, por ello se presume un daño a las finanzas públicas por un monto aproximado de 60 millones de pesos.

El abogado general agregó que con tal denuncia se busca el reintegro del recurso presuntamente malversado y refirió que el delito otorgaría una pena de entre 20 a 40 años de prisión para quienes se les encuentre responsable.

En la audiencia en este caso, inicialmente programada para el pasado mes de marzo, existió una diferenciación por parte de la defensa de los acusados, con la intención de aportar mejores elementos de prueba, lo que aplazó la sesión para este miércoles, sin embargo, se repitió la situación este día, lo que generó que se postergara hasta el próximo 18 de noviembre la audiencia en la que se hará del conocimiento a los ex funcionarios públicos sobre qué se les acusa.

La razón, explicó el abogado, fue que la representación de la FGE, es decir el Ministerio Público (MP), argumentó que requiere nuevos elementos de prueba, entre ellos un especialista en materia ambiental para realizar un peritaje en materia ambiental, pese a que la denuncia está encaminada a un tema administrativo.

Ante tal diferimiento, el abogado de la parte denunciante argumentó que no comparten el criterio de la FGE, por ello es que se inconformarán legalmente ante los postura de la institución procuradora de justicia, buscando con ello la pronta audiencia.  

“Aquí desde luego en la fiscalía hace esta petición de llegarse más elementos, es un tema administrativo no compartimos el criterio de la fiscalía, nos vamos a inconformar, por estrategia jurídica no pudiera ahondar más ante que instancias”, apuntó.

A pregunta expresa de los representantes de los medios de comunicación, en un supuesto que se busque retrasar el proceso jurídico ante la salida de la presente administración denunciante respondió lo siguiente.

“Podría ser, pero vuelvo a comentar que no quisiera pensar eso de la Fiscalía respetando su autonomía, no queremos pensar así, pero será por medio de los mecanismos legales que se busque acelerar los procesos”, argumentó.  

Finalmente, cabe destacar que la representación jurídica del presidente municipal electo es el exsubprocurador Ignacio Mendoza Jiménez, quien destaca por representar casos mediáticos en la entidad.

SJS