Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La presunta mala utilización de una millonaria cantidad de dinero durante la construcción del Parque Lineal del Río Chiquito, cuya responsabilidad directa sería del ayuntamiento de Morelia, figura en documentos calificados como "restringidos" de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Según consta en los análisis a la gestión municipal, hasta el momento se habrían malgastado más de 13 millones de pesos entre diciembre de 2015 y abril de 2017, un uso indebido de recursos públicos mediante falsificación de documentos, precios "inflados" y trabajos "fantasma" por los cuales el gobierno municipal habría pagado fuertes cantidades.
En su momento, la administración municipal anunció querellas contra Tau Arquitectura, empresa responsable del proyecto ejecutivo. Ese anuncio difiere de las primeras referencias al proyecto, uno de los más emblemáticos de la actual administración, cuando el edil Alfonso Martínez presumía que se trataba de una obra que "ayudaría a recuperar la vocación turística a Morelia", que "incluyen el saneamiento de este cuerpo de agua de la ciudad" y que "los colonos avalan esta obra que ya están disfrutando".
Los hechos, al parecer, indican otra cosa. Hasta hoy el curso de agua no ha sido saneado, la imagen del actual parque difiere notoriamente del proyecto anunciado por el ayuntamiento, y el Parque Lineal, el más caro del país según varias fuentes, se habría convertido en un agujero que pondría en duda la credibilidad de la gestión municipal. Una historia que la mayor parte de los morelianos desconoce.
La ASM tiene en este momento dos investigaciones en curso por las supuestas irregularidades en la elaboración y ejecución del proyecto Parque Lineal del Río Chiquito. El dictamen aún está pendiente.
El proyecto "Parque Lineal Río Chiquito, Morelia, Michoacán" fue anunciado en 2015 como una de las obras torales de la administración de Alfonso Martínez. Se trataba de un parque moderno, decían, que sanearía las aguas, recargaría los mantos freáticos desde donde sale el líquido que consumen los morelianos, eliminaría la contaminación atmosférica y visual, democratizaría el acceso a instalaciones al aire libre y embellecería la ciudad.
Tres años, y al menos 64 millones de pesos después, el proyecto suma cada vez más cuestionamientos.
Las dos auditorías practicadas por la ASM a la cuenta pública municipal, de carácter "restringido" y cuyas copias fueron hechas llegar de manera anónima a esta redacción, muestran que al menos seis funcionarios de primer nivel en el municipio aparecen en el pliego de observaciones. Se trata del propio alcalde, Alfonso Jesús Martínez Alcázar; el contralor municipal, José Benadad Orozco Toledo; el secretario de Desarrollo Metropolitano, Juan Fernando Sosa Tapia; el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, José Antonio Plaza Urbina; el director de Inversión Pública, Roberto Cruz Rodríguez, y el director de Proyectos, José Daniel Carranza Cárdenas Tovar.
La primera de las dos auditorías, correspondiente al periodo comprendido entre el 17 y el 31 de diciembre de 2015, indica que los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Tau Arquitectura y Urbanismo S.A. de C.V., y comprendió la elaboración del proyecto ejecutivo del Parque Lineal. Es ahí donde estarían los primeros vicios. En su momento, el propio ayuntamiento, a través del secretario de Innovación, Antonio Plaza Urbina, reconoció que la empresa cometió errores u omisiones e incluso anunció una demanda mercantil.
Sin embargo, la realidad es que varios funcionarios municipales habrían pecado al menos de negligencia.
Según el documento OPM/001/009/2016 de la investigación en curso, durante esta etapa habría "inversiones ociosas en obra pública" por un total de 6 millones 27 mil 30 pesos. El pliego de observaciones habla de responsabilidad directa de funcionarios municipales. Entre otras cosas, dice que el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental habría sido responsables de promover la aceptación de un proyecto no viable debido a que en su diseño no contempló aspectos hidrológicos y ambientales fundamentales.
"De manera arbitraria, la Secretaría de Efectividad (…) declaró mediante una tarjeta informativa que los trámites derivados del 'dictamen favorable del experto sobre el análisis de viabilidad' no aplican, lo que resultó en la aceptación de un proyecto no viable y, por lo tanto, sin las condiciones de llevar a cabo una licitación", dice el documento.
A pesar de ello, el ayuntamiento de Morelia procedió a licitar, adjudicar y ejecutar el contrato correspondiente con un proyecto no validado, lo que ocasionó una clausura y multa de la Profepa por un total de 109 mil 560 pesos "por no tener los permisos y validaciones pertinentes". Semanas más tarde, la Semarnat aprobó un nuevo proyecto para cumplir con las características requeridas, el cual, sin embargo, a esa altura poco tenía que ver con el original.
"El hecho infringió los artículos 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 69 241, 249 y 251 de la Ley de Obras Públicas" (referidas a los contratos, presupuestación y ejecución de cualquier obra), dice el documento.
Más graves serían las omisiones contenidas en el segundo documento, con clave OPM/001/010/2016, y que abarca entre el 21 de septiembre de 2016 y el 14 de abril de 2017. En este caso, los funcionarios mencionados son, además de los seis anteriores –incluido al propio alcalde–, el tesorero municipal, Alberto Gabriel Guzmán Díaz; los directores de Infraestructura (en distintos periodos), Cuauhtémoc García Barrera y Rafael Cárdenas Molina, y el supervisor de Obra, Daniel Sánchez Medina.
El texto se refiere a la primera etapa del Parque Lineal del Río Chiquito. La empresa Infraestructura Monarca S.A. de C.V. se encargó de construir andadores con guarnición de concreto, puentes peatonales, iluminación y sistema de riego, reforestar, ampliar puentes e instalar bicipuertos, bancas, mesas de picnic y señalamiento y balizamiento de áreas urbanas.
Las inconsistencias en esta etapa habrían comenzado cuando el ayuntamiento de Morelia omitió presentar los paquetes de licitación, lo cual impidió cotejar que los proyectos generados cumplieran con las características requeridas. Una segunda irregularidad se habría producido cuando la obra fue adjudicada a un contratista que no presentó la documentación de cumplimiento de sus actividades fiscales, infringiendo directamente el Código Fiscal de la Federación. Más adelante se mencionan más presuntas irregularidades, entre ellas que la bitácora electrónica omitió las fechas de ejecución de la obra y que la empresa incumplió, en al menos cinco meses, los tiempos establecidos para terminarla, y tampoco se hizo cargo del mantenimiento.
Documentos falsos, precios 'inflados' y trabajos 'fantasma'
Las sospechas de dolo aumentan cuando se abordan varios otros puntos del segundo documento de la ASM. De ellos destacan dos: el punto 1.7, bajo el título "Alteración o falsificación de documentación que integra el expediente técnico"; el punto 1.8, denominado "Incongruencia en la integración y ejecución de conceptos de obra", y el 2.2, llamado "Pago de concepto de obra adicional no justificado".
Sobre el primer punto, el informe indica que "se hace constar que existen alteraciones o falsificaciones tanto en la fecha como en la firma de las pruebas de laboratorio presentadas (…) todo lo que invalida el contenido de las pruebas de laboratorio". Al respecto, el artículo 237 del Código Penal dice que "el funcionario público que (…) hiciere un documento público falso o alterare un documento público verdadero será castigado con tres a 10 años de penitenciaría".
Respecto del segundo punto, el informe explica que se pagó a la empresa un total de un millón 562 mil 610 pesos por trabajos consistentes en reparación de estructuras antiguas, acción, en este caso, innecesaria por tratarse de estructuras nuevas que no requerían ser reparadas.
"Existen conceptos que no tienen congruencia con los procedimientos constructivos (…) El concepto de obra 'Aplicación de sanblasteo y recubrimiento epóxico en acero al carbón en todo tipo de estructura…' (…) En el caso que nos ocupa, este concepto no aplica, ya que la estructura referenciada es nueva y no requiere remoción de ningún agente contaminante existente", dice el documento.
Respecto del supuesto sobreprecio pagado por 33 bancas de madera, la investigación de la ASM indica que "este concepto representa un incremento de 848% del concepto originalmente proyectado, lo que afecta la economía del proyecto y el fin no justifica el cambio".
El tercer punto expondría una directa inflación de precios. El informe indica que en la zona del Parque Lineal se instalaron 33 bancas de madera maciza de 3 metros, cada una por un total de 54 mil pesos, generando un gasto total de 2 millones 89 mil 464 pesos. "Este concepto representa un incremento de 848% del concepto originalmente proyectado, lo que afecta la economía del proyecto y cuyo fin no justifica el cambio", indica el pliego.
Hay más. El punto 2.1, denominado "Pago de conceptos de obra con irregularidades en su integración", exhibe que el ayuntamiento pagó 3 millones 193 mil 562 pesos por conceptos que no fueron integrados adecuadamente ni desglosados según la normativa aplicable. Entre estos casos destaca el hecho de que la empresa contratista haya cobrado 614 mil 732 pesos por trasladar, montar, anclar y fijar una escultura de mil 500 kilos de peso, y 432 mil 433 por la misma labor con una escultura de 300 kilos. Otro caso de evidente sobreprecio es el pago de 9 mil pesos por instalar cada uno de los 12 letreros de fauna, por un total de 110 mil 197 pesos.
Aún es posible que el dictamen final de la ASM favorezca a las autoridades municipales e indique que las inconsistencias detectadas fueron menores o que terminaron resolviéndose en tiempo y forma, por lo cual el ayuntamiento no tiene responsabilidad alguna. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y habrá que esperar los resultados definitivos antes de cualquier señalamiento. Hasta hoy, sin embargo, y a la luz de los hechos, parece que el Río Chiquito de Morelia huele cada vez más mal.
