Por: Antonio Aguilera/@gaaelico
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El atropellado arranque de operaciones de Uber en Michoacán ha seguido los mismos problemas a los que la compañía de origen estadounidense ha tenido en otras ciudades del país: oposición férrea de organizaciones de taxistas, inicio operaciones sin antes estar regulada y la ausencia de leyes –como es el caso de Michoacán- de movilidad que permita que empresas como Uber o Cabify puedan prestar el servicio con un permiso previo de la entidad.
Así han sido los inicios de Uber en otras entidades del país, en donde la empresa ha pagado millonarias multas por la ausencia de un marco legal que le permita operar en muchas ciudades, a pesar de ello, y salvo el caso de Puebla (en donde un chofer inscrito en la compañía se vio envuelto en un crimen), la empresa ha podido operar sin mayores dificultades, a pesar de las protestas de organizaciones del transporte público concesionario.
En Morelia y en Uruapan, la empresa que ofrece el servicio de taxi ejecutivo contratado por internet arrancó operaciones el pasado 18 de octubre y no fue sino hasta este jueves 19, cuando taxistas afiliados a las líneas que controla José Trinidad Martínez Pasalagua, quienes emprendieron una "cacería" de vehículos registrados en Uber, se registró la primera acción opositora contra el servicio que presta la empresa, que dicho sea de paso, tiene una amplia demanda entre los morelianos y uruapenses.
En Michoacán, la empresa inició con 700 vehículos registrados, sin embargo hasta el momento los vacíos legales existentes en Michoacán no obligan a Uber a hacer público el padrón de los conductores ni de los dueños de los automóviles.
La ausencia de leyes que regulen el transporte privado de pasajeros, la falta de proyectos de movilidad en el estado, la pésima condición del parque vehicular de los taxistas concesionados, el mal servicio que prestan y la ausencia de un tarifario oficial por parte del estado, fueron los elementos que facilitaron el arribo de la empresa a la entidad.
Pero es necesario dar cuenta de lo ocurrido en otras entidades para observar como Uber sabe aprovechar para ganarse la confianza y la preferencia de los usuarios:
En septiembre de 2016 Uber inició operaciones en Cancún, Quintana Roo, sin que existiera un permiso previo de las autoridades y sin que su operación estuviera reglamentada. De la misma forma que está sucediendo en Michoacán, las autoridades de ese estado iniciaron operativos de decomiso de unidades debido a que la ley sólo permite ese servicio a quienes cuentan con una concesión.
Para operar en el sitio turístico la firma internacional pagó multas por 150 millones de pesos al gobierno de esa entidad, hasta que logró un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que les está permitiendo operar en todo el territorio nacional. El Congreso de Quintana Roo no ha podido legislar para regularizar la prestación del servicio.
La historia se repite en Yucatán, en los legisladores de Yucatán sí modificaron la ley para reglamentar la presencia de Uber en ese estado. La Ley de movilidad estableció varias condiciones para que Uber operara: que se empadronaran y cumplieran con las mismas reglas de los taxis tradicionales, tales como que sus choferes presentaran una carta de antecedentes no penales, antidoping, y que contaran con seguro de daños a terceros. La empresa opera sin problemas en Mérida.
En Monterrey, tanto Uber como Cabify tienen más de un año en funciones, en donde tan sólo Uber cuenta con más de 20 mil unidades, las cuales realizan el 30 por ciento del total de carreras que se registran en el área metropolitana de ese estado. Hasta el momento, el Congreso ese estado no ha regulado su presencia.
En marzo de 2016 Uber empezó a ofrecer su servicio en Aguascalientes, y hasta la fecha este no está regulado en la ley de esa entidad, no obstante, la administración estatal tolera las operaciones de la firma y ha establecido que las unidades pasen revista mensualmente a fin de tener un mejor control. El mismo caso ocurrió en Guanajuato, pues la empresa primero ofreció su servicio y después fue regulada por las autoridades.
Michoacán carece de una legislación que regule y permita que empresas como Uber o Cabify ofrezcan el servicio ejecutivo de taxi mediante una aplicación digital. La Cocotra, organismo estatal que "regula" las operaciones del transporte público concesionado, sólo ha respondido que la empresa opera en la ilegalidad y que va a proceder a detener las unidades.
En otras entidades del país sí existen leyes y normatividades que exigen a las firmas que hagan público su padrón de conductores e intermediarios, que los choferes pasen distintas pruebas ante la autoridad, que obtengan una concesión y que refrenden sus permisos.
En Jalisco, el congreso local aprobó el 18 de marzo de 2016 una reforma a la Ley de Movilidad para regular a las "Empresas de Redes de Transporte" (ERT), la cual permite a los ciudadanos elegir si realizan el pago del taxi en efectivo o con tarjeta de crédito o débito. Además la empresa es libre de establecer la tarifa que considere más adecuada (tarifa dinámica).
Las unidades conectadas a esas plataformas digitales pueden brindar servicio en cualquier parte siempre que se solicite mediante la aplicación, pues está prohibido hacerlo de manera directa.
Dicha legislación no limita el número de automóviles que Uber puedan tener, sino que depende de la demanda, la cual es creciente día con día. Por otra parte, la compañía debe presentar al gobierno del estado su acta constitutiva, mientras que la Secretaría de Movilidad de esa entidad debe autorizar el registro de los automóviles, solicitar identificación a los operadores y sus licencias. Las ERT también están obligadas a pagar una cuota de 35 mil pesos por registrarse, y de mil 600 pesos anuales por cada vehículo. Además, deben entregar el 1.5 por ciento de las ganancias de cada viaje que realicen. Michoacán ni siquiera cuenta con una Secretaría de Movilidad.
En Querétaro en abril de 2016 se reguló el servicio de empresas como Uber y Cabify. La normativa establece que los vehículos utilizados para dar servicio deben tener una vida útil no mayor a 4 años, periodo que se puede ampliar hasta siete años dependiendo de sus condiciones físicas.
La regulación de ese servicio en el Estado de México se llevó a cabo en agosto de 2015, cuando los diputados locales aprobaron reformas a la Ley de Movilidad, las cuales requieren a ese tipo de plataformas que cuenten con una licencia expedida por la Secretaría de Finanzas.
La ley también establece que las empresas deben registrar su flota vehicular, a los conductores y hasta a los intermediarios, padrón que mensualmente debe ser actualizado y dado a conocer a los usuarios.
A pesar de los tropiezos iniciales, la empresa suele cumplir con lo que le exigen las autoridades locales, por lo que puede operar sin mayor problema. Uber suele ganar sus batallas legales frente a las organizaciones de transportistas.
Estas últimas se han visto en la obligación de actualizar y mejorar su servicio para competir contra Uber, como es el caso de las ciudades de México y Guadalajara, en donde los taxistas tradicionales elaboraron una APP para ofrecer su servicio a los usuarios.
CA
