La justicia, de una forma más o menos amplia, no se puede reducir a la acción persecutora de hechos con apariencia delictiva, ni a sus consecuencias judiciales; la justicia, como la democracia, es un sistema de vida que tiene lugar en la familia, en el trabajo y en muchos otros contextos y que implica, en esencia, realizar los bienes y valores fundamentales de la colectividad y de las colectividades, tanto como sea posible. De hecho, aunque el papel del gobierno es relevante, la justicia es tarea de todos.
Pero esa proposición, no debe llevar a considerar que es una cosa menor perseguir los delitos, procesar a sus autores y aplicar las penas que les correspondan, pues el sistema público de justicia, constituye una especie de última reserva institucional para normalizar la vida social y en ese entendido es relevante para la sociedad en su conjunto.
De esa guisa, más que festinar que la acción persecutora del estado se haya activado para presentar ante la justicia a dos personas (Lozoya y Ancira) porque hay datos suficientes para suponer que quizá cometieron hechos con una apariencia delictiva (el lenguaje se usa con el fin de evitar escarnios innecesarios) debería observarse como el comportamiento regular de las instituciones públicas que tienen ese cometido.
Ancira, el cual ha sido aprendido y Lozoya, quien al parecer se encuentra en esa ruta, como toda persona, gozan de los derechos y garantías como cualquiera y se defienden y defenderán como lo estimen procedente.
La persecución y juzgamiento de personajes de alto nivel, ya ha ocurrido en tiempos pretéritos, bastaría con recordar los casos de los 80 de Jorge Díaz Serrano, quien también fue Director de Pemex, y de los 90 de Joaquín Hernández Galicia, ex líder sindical petrolero.
Quizá la diferencia entre aquellos y otros casos del pasado con los que hora se presentan, es que en el pasado la dominancia general de un partido político y del Presidente en ejercicio cimentó la idea de que la administración de justicia se encontraba al servicio de la política, y más en específico, de un pequeño grupo de personas y del Presidente en funciones. Ahora, dado el origen de los actuales ministros, las públicas diferencias de estos con el Presidente en ejercicio y que este ha impulsado solo el nombramiento de menos de un 30% de ellos, hace suponer claramente que el aparato judicial no se encuentra al servicio de un partido y muchos menos de un Presidente.
Pero el que sea así, no deja de propiciar otras reflexiones, que tienen que ver con el cabal ejercicio de las funciones de investigación y persecución que recaen no solo en la Fiscalía General de la República, sino en instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, para preguntarse sobre su actuar oficioso o a instancia legítima en un escenario amplísimo de hechos ilícitos que han ocurrido año tras año, a veces de manera ostensible e incluso que hoy alcanzarían a "n" personas de distinto signo partidario. El tema, es el de la justicia selectiva.
Por otra parte, es ya interesante, observar la actuación del aparato judicial federal y preguntarse si se ajustará a derecho, o bien, se politizará de una forma diversa a como ocurría en el pasado (¿al servicio de un nuevo pacto? ¿Al servicio, incluso, de elementos ajenos al sistema?)
La persecución de Ancira y Lozoya también sugieren una posible externalidad estrictamente política y que se refiere a un posible choque de poder entre el gobierno en ejercicio y los grupos políticos del pasado y lo cual, debe observarse con reserva, pues parece que no existe, por sus consecuencias, ese interés.
Otra deriva, es que en estos casos, no puede descansar la legitimidad del gobierno en ejercicio, porque constituyen, a nivel del imaginario colectivo, solo una pequeña muestra del universo de corrupción que proviene del pasado y que late, aún de forma sonora, en el presente.
Sin embargo, y paradójicamente, el no éxito en la persecución que se ha emprendido, y más allá de que formalmente se atribuya a la Fiscalía General de la República, si puede arrojar en el gobierno actual y de forma especial, sobre el Presidente de la República, desprestigio.
Por lo pronto, solo se puede decir que los hechos solo reflejan un atisbo de justicia, solo eso.
