Páginas negras en la historia de México se han repetido una y mil veces en casos de corrupción de funcionarios que han robado y despoblado el erario, de personajes que se han vuelto locos estando en el poder y que han desfalcado a placer las arcas gubernamentales, muchas veces sin siquiera pisar la cárcel.
Recuerdo el caso de un actual senador michoacano, cuando fungía como secretario de la Función Pública, en una entrevista en la Ciudad de México, al recibir a la comitiva de una televisora donde este servidor trabajaba; la recepción fue de lo más opulenta, ridícula y ofensiva; no podía creer que en la antesala de la entrevista, un "mayordomo" que parecía salido del palacio de Buckingham, nos ofreciera los más exclusivos vinos tintos, tabla de quesos y carnes frías de importación, y hasta un exclusivo whisky en lo que "el secretario se desocupaba", pero como íbamos a trabajar, nos conformamos con un café y galletitas.
Lo anterior es sólo un ejemplo de cientos, de miles, de casos de titulares que pierden la cabeza y utilizan el dinero en gastos superfluos, en comidas lujosas, en seguridad personal, en propiedades y unidades de transporte terrestres o aéreas, sin justificación alguna.
Por eso la aprobación de la eliminación del fuero en Michoacán, y en otros 17 estados de la república es bienvenida, es plausible y se ve como un rayo de luz en la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Fue el 6 de noviembre de este año cuando un grupo de empresarios y de ciudadanos, encabezados por Juan Pablo Arroyo Abraham, presidente del Consejo Michoacano de Negocios A.C., se presentó ante la 73 Legislatura de la entidad, ante los diputados locales, para entregar una iniciativa ciudadana para la eliminación total del fuero constitucional en Michoacán.
Esta propuesta surtió efecto, ya prácticamente todas las bancadas la hicieron suya, y el pasado 22 de noviembre se aprobó el dictamen para la eliminación del fuero, y fueron los diputados Rosa María de la Torre, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y sus integrantes, Miguel Villegas, Jeovana Alcántar, Manuel López Meléndez y Mary Carmen Bernal, quienes analizaron y aprobaron el dictamen que aglutinó las iniciativas presentadas por los diversos grupos parlamentarios de PAN, PRI, PRD, PT y MC.
En su momento, el dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que ahora con estas reformas que implican quitar el fuero constitucional a gobernador, procurador, diputados, magistrados, consejeros electorales y del poder judicial, se dará un gran paso para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. "Fuera el fuero", también lo comenta el coordinador de la bancada del PAN, Carlos Quintana; mientras que la coordinadora de la bancada del PRI, Adriana Hernández, señaló que la "eliminación del fuero dará certeza a la entidad".
Y es que en la historia de México ha habido escandalosos casos de desafuero que valen la pena ser recordados.
Por ejemplo, en el año de 1909 ocurrió el primer caso de desafuero en el país. El entonces periodista y diputado José López Portillo y Rojas, abuelo del presidente José López Portillo, fue acusado de fraude y perdió su protección constitucional para ser juzgado.
En nuestro país suman nueve casos, el más reciente fue el del 13 de junio de 2016, donde con 400 votos los diputados aprobaron desaforar a la diputada sinaloense del PAN Lucero Sánchez por ingresar con documentos apócrifos al penal del Altiplano para visitar a Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Recordemos el caso del 14 de diciembre de 1935, contra el senador Manuel Riva Palacio, a quien le quitaron el fuero por conspirar contra la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río.
Otros fueron contra los diputados Carlos A. Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas, quienes fueron acusados de traficar con tarjetas para contratar braceros en Estados Unidos; en su momento, también el senador Félix Ireta Viveros (que también gobernó Michoacán) fue desaforado al ser acusado de falsificación de documentos, aunque comprobaron su inocencia y fue reinstalado en sus funciones en el año 1951.
Al senador Jorge Díaz Serrano le quitaron también el fuero en 1983 tras ser señalado de fraude por un monto de 5 mil 100 millones de pesos en Pemex. Mientras que a René Bejarano Martínez le quitaron el fuero en 2004 por el famoso video donde recibe dinero del empresario Carlos Ahumada. Lo juzgaron y salió libre al pagar fianza de 175 mil pesos.
A Andrés Manuel López Obrador, en 2005 lo acusaron de violar el orden judicial por construir una calle en un terreno expropiado, caso que fue de lo más polémico y escandaloso, en la época del gobierno de Vicente Fox.
Al diputado federal por Michoacán Julio César Godoy Toscano, en 2010 le tocó ser desaforado por presuntos nexos con el grupo delictivo La Familia Michoacana.
De acuerdo a una investigación del portal de noticias www.mimorelia.com, actualmente en nuestro país mil 855 servidores públicos tienen fuero, entre ellos un presidente de la república, 628 miembros del congreso de la unión, 11 ministros del poder judicial, 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ), 7 consejeros de la Judicatura Federal, 20 secretarios de Estado, 66 integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 1 procurador de Justicia en la Ciudad de México, 1 jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 11 integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), 1071 diputados de los congresos locales y 31 gobernadores.
Esperemos pues que, en general, los funcionarios dejen de lado la enfermiza debilidad por el robo, desvío o mal uso de los recursos públicos y que ahora, sin fuero, a los que se les comprueben los ilícitos, lo paguen con cárcel.
jcms
