El parlamentario externó que podría ser una de las leyes que se aprueben al cierre de este 2016

Por: Maribel Nieves Aguilar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las inconformidades y destrozos que se ocasionan durante las marchas y plantones que se realizan en la entidad y principalmente en la capital michoacana, el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso local, Mario Armando Mendoza insistió en la posibilidad de que el pleno apruebe la utilización de la fuerza pública para disuadir las marchas y plantones en el estado dentro de lo que será la «Ley de movilidad y regulaciones de manifestaciones, marchas o bloqueos».

El legislador local afirmó que hasta el momento los 40 integrantes del pleno se han manifestado a favor de que se establecerán multas en contra de quién infrinja la ley y realice manifestaciones sin avisar a la autoridad correspondiente con 48 horas de anticipación.

Detalló que en comisiones no se ha modificado la ley antimarchas por lo que el apartado de hacer uso de la fuerza continúa vigente. Por lo que afirmó que sin existir oposiciones podría caminar dicha norma en Michoacàn.

El parlamentario externó que podría ser una de las leyes que se aprueben al cierre de este 2016, porque se va caminando en los consensos.

Es de recordar que el Partido Acción Nacional (PAN) durante la LXXII legislatura buscó regular no sólo las manifestaciones y plantones, sino toda aquella reunión que se efectúe en lugares públicos en la entidad, pues determinaba desde amonestaciones y multas hasta arrestos por 36 horas y trabajo comunitario por un mes como sanciones a quienes no respeten las superficies máximas señaladas, invadan zonas no autorizadas, impidan el cumplimiento de la finalidad de los lugares públicos, alteren el orden, profieran amenazas, ejerzan violencia, impidan la actuación de la autoridad, o bien omitan cumplir con lo que establece la propia norma.

El objeto de dicha propuesta era regular las reuniones en todos los lugares públicos del estado y «proteger el libre ejercicio de los derechos humanos durante las mismas”.
(Como reunión define la concurrencia de seres humanos en un lugar público motivada por un fin común de carácter privado, y como zonas no autorizadas aquellas que por razones de interés público y seguridad son inapropiadas para realizar reuniones).

Michoacán se ha visto afectado principalmente en el sectores como el turístico derivado de las manifestaciones que han protagonizado en diferentes ocasiones los estudiantes de las normales y últimamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como parte de sus rechazo a la reforma en materia educativa del 2014.

Movilizaciones en contra de la reforma educativa. Tal han sido los daños que los empresarios han exigido a los tres niveles de gobierno resolver la situación a fin de evitar mayores pérdidas económicas.

Desde la iniciativa panista se desglosaba que dicha norma se establecía que al usar los lugares públicos para reunirse no se podrán realizar actos que eviten el cumplimiento de su finalidad regular o que impidan el desarrollo de las actividades que, en ejercicio de sus derechos humanos, realicen quienes no participan en la reunión. Asimismo, se considerarán ilícitas aquellas reuniones en que se porten armas.

Los panistas detallaron que el orden y seguridad pública son funciones que debe garantizar el Estado, «las autoridades municipales, en coordinación con las autoridades estatales, protegerán las reuniones en lugares públicos frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de ese derecho.

Igualmente protegerán el ejercicio de los derechos humanos de aquellos individuos que no formen parte de la reunión«. Los ayuntamientos serán las autoridades responsables de la vigilancia y cumplimiento de la ley, quienes en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán dispondrán las medidas de seguridad, tránsito y protección civil necesarias.

El gobierno del estado, con los medios a su alcance, quedaría obligado a colaborar y brindar el apoyo requerido por los ayuntamientos a efecto de salvaguardar el orden público y la seguridad de las personas.