Morelia, Michoacán (Boletín).- En México la aplicación de la Ley en los procesos que se siguen contra exfuncionarios públicos que incurrieron en presuntas responsabilidades, debe tener como sustento la justicia y no los revanchismos políticos, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez.
El legislador señaló que el combate a la corrupción es no sólo un deber legal sino moral de toda autoridad, el cual debe darse sin ambages, medias tintas o simulaciones, teniendo como principio la justicia y no la vendetta política.
Recalcó que la acción de las instituciones del Estado Mexicano, no puede estar sujeta o impulsada por ajustes de cuentas personales o de grupo, ya que esto deriva en la perversión del ejercicio público, generando a la larga desconfianza de la población sobre el proceder gubernamental.
"No es nuevo ver como adversarios políticos de una administración en turno enfrentan procesos legales, los que sin duda son legítimos y válidos si parten de hechos reales, concretos, y no de revanchismos coyunturales".
Por ello el legislador consideró que la aplicación de la norma no puede ser temporal, a voluntad, o sujeta a criterio particular de los funcionarios en turno, ya que esto viene a deteriorar el andamiaje institucional del Estado Mexicano.
Subrayó que una autoridad que emite a la población señales contradictorias, confusas y arbitrarias en su toma de decisiones, tiende a extraviarse y diluir el respaldo social con el que pudo contar para legitimarse.
"No se percibe claridad en la toma de muchas determinaciones, como el aplicar la ley para unos y para otros no; mandar a prisión a quienes han realizan las mismas acciones que otros que cuentan con pleno respaldo de la autoridad; el Estado de Derecho no se debe aplicar de manera selectiva", recalcó.
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