Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2Títu
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los cinco aspirantes que buscan el nombramiento de fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), serán sometidos a exámenes de control y confianza, según lo determinaron este lunes los diputados integrantes de las comisiones de Justicia y Gobernación.
El presidente de la comisión de Gobernación, Mario Armando Mendoza Guzmán, planteó que aunque este requerimiento no está plasmado en la convocatoria que se emitió, es un requisito legal que ya está contemplado para quienes tienen fuerza de mando.
Refirió que el fiscal tendrá a su cargo elementos ministeriales, y por ello es necesario que los aspirantes sepan desde ahora que habrán de someterse a pruebas de control y confianza, que una vez acreditadas darán certidumbre respecto a su desempeño en el cargo.
En el mismo tenor, se pronunció el presidente de la comisión de Justicia, Ángel Cedillo Hernández: "buscamos que no hayan dudas, que sea confiable, luego puede resultar que la liebre era pinta y era orejona, que tenía patitas y que corría mucho, necesitamos saber que no nos equivocaremos, que tenga toda la certeza y confiabilidad".
Conforme al calendario establecido por ambas comisiones, la comparecencia de los aspirantes a fiscal anticorrupción de la PGJE se llevaría a cabo el lunes 20 de noviembre; el lunes 27, celebrarían la reunión para elaborar dictámenes con las ternas para fiscal y magistrados.
En el caso de estos últimos, las comparecencias están marcadas para los días 14 y 16 del mismo mes.
El miércoles 29 de noviembre se desarrollaría la sesión ordinaria en la cual elegirían los miembros de la actual legislatura a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y al fiscal anticorrupción.
Es preciso recordar que estas nuevas figuras forman parte del Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción SEA que se prevé poner en marcha en enero de 2018.
Entre los aspirantes al cargo de fiscal anticorrupción está Lauro Pallares Ramos, quien fue perfilado por el procurador, José Martín Godoy Castro, al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) durante el proceso electoral 2018.
Se encuentra Alejandro Carrillo Ochoa, quien aparece en el directorio de funcionarios del gobierno de Michoacán, con el cargo de jefe de departamento de expropiaciones y opiniones en la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
También, está registrado Edgar Hugo Rojas Figueroa, extitular del instituto de la Defensoría Pública en el estado, quien el año pasado fue acusado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por presunto acoso laboral, y actualmente funge como director del Instituto de Capacitación de la PGJE.
Salvador Sandoval Rodríguez ha hecho carrera en el congreso local, donde se ha desempeñado como asesor y director jurídico de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
A su vez, Marco Aurelio Nava Cervantes, se desempeñó como asistente y secretario particular del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, y actualmente es el coordinador general de las fiscalías regionales.
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