Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se aprobó este martes el dictamen relativo a la Ley para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de Michoacán, correspondiente a la homologación con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que a nivel federal entró en vigor el 25 de junio de 2012.
Integrantes de las comisiones de Derechos Humanos, Justicia, así como de Seguridad Pública y Protección Civil indicaron que el dictamen se turnará a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que contemple para la sesión ordinaria que se llevará a cabo la siguiente semana y sea votado por el pleno de la actual legislatura local.
El objetivo de la ley es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Contempla medidas preventivas y protección, para resguardar de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario, además de un fondo estatal para cubrir la activación de las mismas.
El titular del poder ejecutivo del estado constituirá el fondo en un término de 90 días contados a partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.
Los recursos del fondo se integrarán por:
III. Los donativos que hicieren a su favor personas físicas o morales sin que por ello adquieran algún derecho en el fideicomiso.
El fondo contará con un Comité Técnico presidido por el secretario de Gobierno e integrado por un representante de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Secretaría de Contraloría, un secretario técnico, y, un coordinador ejecutivo estatal.
La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros: un representante de la Secretaría de Gobierno; un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado; un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; un representante de la Secretaría de Contraloría del Estado; un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y, cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.
Una vez instalada la primera Junta de Gobierno tendrá diez días hábiles para emitir la convocatoria para conformar el primer Consejo Consultivo, que deberá estar integrado por nueve consejeros, uno de ellos será el presidente por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo consejo y serán electos de forma escalonada por única vez.
jcms
