Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se aprobaron este lunes los dictámenes relativos a las reformas aplicadas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Fiscalización y el Código de Justicia Administrativa, con las cuales se complementa el marco jurídico para la aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción, que se pondría en marcha en enero de 2018.
La última revisión a los proyectos se llevó a cabo esta mañana, en reunión del Grupo Especial Anticorrupción celebrada en el salón de recepción del palacio legislativo. Una vez aprobados, se prevé que serán turnados al pleno en una de las sesiones ordinarias previstas para esta semana.
En entrevista posterior, el presidente de la comisión de gobernación, Mario Armando Mendoza Guzmán, indicó que mediante las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se establecen nuevas funciones para la Secretaría de Contraloría, en tanto que la Ley de Fiscalización se reformó para adecuar la actuación de la Auditoría Superior de Michoacán ante los asuntos de carácter administrativo y los que se consideren "graves".
Se incorpora, además, un órgano interno de control y vigilancia de la Auditoría Superior de Michoacán, conformado por dos diputados y seis integrantes de la sociedad civil, que habrán de estar al pendiente de la actuación de los funcionarios encargados de la fiscalización del quehacer gubernamental y de la aplicación de recursos públicos, que en los últimos años ha sido criticada por la falta de resultados y sanciones para quienes han incurrido en el desfalco que hoy tiene en crisis a las finanzas estatales.
Los casos por irregularidades graves serían turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, que conforme a las modificaciones que este martes se avalaron al Código de Justicia Administrativa, se habrá de integrar por salas unitarias y una segunda instancia, en la que participen todos los magistrados.
A dicho tribunal, que actualmente tiene tres magistrados, se incorporarán dos más, con especialidad en el tema anticorrupción, y son los que habrán de conocer los asuntos por delitos graves que sean turnados por la Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría.
Una vez aprobadas las reformas mencionadas, correrá un plazo de 90 días para que se emita la convocatoria para elegir a los ciudadanos, que a su vez tendrán la responsabilidad de designar a los perfiles que integrarán el Comité Estatal Anticorrupción. El mismo término se otorgó para la emisión de la convocatoria para el nombramiento del fiscal Anticorrupción y los dos nuevos magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa.
Clarificó que en el transcurso de los próximos meses se tendrán que presupuestar los recursos que se requieren para la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción en el primer mes del año siguiente.
jcms
