El 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, determinado por la Asamblea General de la ONU con motivo de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la necesidad de difundirla para recordar el camino que se ha recorrido para prevenir y luchar contra este mal que afecta a todos.
De esta forma, esta semana se han realizado diferentes foros, talleres y paneles que nos reviven la obligación de unirnos para combatir este delito. Y, sin duda, las acciones que se tienen que emprender no deben enfocarse a un día, sino que constituyen una lucha diaria en contra de las consecuencias generadas y, por supuesto, de programas que permitan su prevención y, justo por lo anterior, en este momento quiero poner sobre la mesa lo sustancial que para el tema significa armonizar e implementar la Ley General de Archivos.
En ocasiones, cuando se habla de archivos, no se le da la mayor relevancia; sin embargo, en los mismos se encuentra el resultado de las facultades y funciones ejercidas por aquellos que reciben recursos públicos; por lo tanto, son prueba plena de lo hecho y, también, de lo que se deja de hacer. En ese orden de ideas, un archivo desorganizado deja mucho que pensar; caso contrario, cuando estamos frente a alguien que administra, conserva y organiza sus documentos de archivo, es posible asegurar la transparencia y rendición de cuentas.
Por ello es tan importante obligar al cumplimiento de la Ley General de Archivos, que entró en vigor el 15 de junio de 2019, porque es indispensable contar con archivos, ¡verdaderos archivos!, que permitan conocer cómo se ha ejercido el recurso público; que garanticen el derecho de acceso a la información para solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, y que permita volver a confiar en las instituciones.
