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Constantemente, cuando se capacita o imparten talleres a la sociedad en general sobre el tema de archivos y gestión documental, lo primero que preguntan es ¿por qué hablarles sobre ese tema?, ¿por qué no convocar sólo a las personas responsables de los archivos institucionales?

Sin embargo, se olvida que en los documentos se plasma nuestra propia historia, y esto no solo lo encontramos en los archivos privados, sino que en los archivos públicos y, sobre todo –entre ellos–, en los históricos, como fuentes de acceso público, es posible conocer todo aquello que impactó directamente a nosotros como sociedad, pero que también constituyen y constatan lo que sucede, y pueden ayudar a generar adecuadas políticas públicas para un futuro o, en su caso, evitar que se repitan hechos que han lastimado la integridad de las personas.

Así, ya se ha escrito en esta columna de la importancia de los archivos organizados, ya que estos contribuyen a la eficiencia y eficacia de la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional; pero también la Ley General de Archivos, que entró en vigor en junio de este año, ratifica que los documentos que albergan los archivos históricos no pueden ser materia de restricción de acceso mediante la clasificación de sus contenidos como información reservada o confidencial, por lo que la aplicación de la nueva norma tutela la memoria histórica y la no repetición.

Lo anterior, porque a través de los documentos podemos acceder a todos aquellos archivos que tengan relación con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

En los mismos términos, gracias a los documentos hacemos valer el derecho a la verdad, concepto que ha evolucionado y que, por tanto, este derecho que en un primer momento únicamente contemplaba el derecho de las familias a conocer la suerte de su círculo de seres queridos, ahora se considera como un derecho que también pertenece a la sociedad en general; derecho en el cual los documentos son indispensables en garantizar el acceso a la información esencial y necesaria para exigir justicia y exhortar a los Estados a cumplir con su obligación de brindar a las víctimas y familiares un recurso sencillo que los proteja contra las violaciones a sus derechos humanos.

Así, el saber de archivos y gestión documental no es cuestión exclusiva de los que generan y poseen documentos como servidores públicos, sino que, conocer de ello empodera a quienes en realidad son los verdaderos dueños de los documentos públicos… es decir, todos y cada uno de nosotros.