Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes comparecieron ante legisladores de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia los cinco aspirantes a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mismos que derivado del procedimiento establecido por el Congreso local deberán someterse a un examen de control y confianza aplicado por una instancia federal.
Mario Armando Mendoza Guzmán, presidente de la comisión de Gobernación, manifestó que no se elegirá al Fiscal Anticorrupción en tanto no se conozcan los resultados de dichas pruebas, por lo que la definición de este cargo podría prolongarse hasta la segunda quincena de diciembre.
Cuestionado sobre posibles conflictos de interés entre algunos de los aspirantes que hoy ostentan cargos públicos en la administración estatal, respondió que primero deberán agotar los procedimientos que señala la Ley Orgánica, y en función a ello valorarán si entre los cinco aspirantes hay un perfil idóneo o si será necesaria la emisión de una segunda convocatoria.
"La Ley General no descarta la participación de funcionarios, pero esa limitación legal no implica que necesariamente tengan que ser; si las comisiones consideran que ninguno (cumple las expectativas), se puede hacer una segunda convocatoria, pero esto será hasta que hagamos la evaluación final", remarcó.
Quienes comparecieron esta mañana en la Casona del Congreso son: Lauro Pallares Ramos, Alejandro Carrillo Ochoa, Edgar Hugo Rojas Figueroa, Salvador Sandoval Rodríguez, y, Marco Aurelio Nava Cervantes.
Por el cargo que actualmente desempeña como coordinador de fiscalías regionales en la PGJE, Marco Aurelio Nava Cervantes es el único de los cinco que actualmente tiene acreditado un examen de control y confianza.
A decir de Mario Armando Mendoza, ello no lo eximen y al igual que los otros cuatro postulantes, deberá someterse a las pruebas de control y confianza que ya se solicitaron a la federación, instancia de gobierno que definirá si los exámenes los aplica la Policía Federal, la Procuraduría General de la República o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Añadió que además verificarán la autenticidad de los documentos que al momento del registro presentaron como respaldo de los grados académicos que posee cada uno de ellos, y, tomarán en cuenta la perspectiva que trae cada uno de ellos sobre el combate a la corrupción.
Lauro Pallares Ramos, quien fue perfilado por el procurador, José Martín Godoy Castro, al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) durante el proceso electoral 2018.
Otro, es Alejandro Carrillo Ochoa, quien aparece en el directorio de funcionarios del gobierno de Michoacán con el cargo de jefe de departamento de expropiaciones y opiniones en la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
También, está registrado Edgar Hugo Rojas Figueroa, extitular del instituto de la Defensoría Pública en el estado, quien el año pasado fue acusado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por presunto acoso laboral, y actualmente funge como director del Instituto de Capacitación de la PGJE.
Salvador Sandoval Rodríguez ha hecho carrera en el congreso local, donde se ha desempeñado como asesor y director jurídico de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
A su vez, Marco Aurelio Nava Cervantes se desempeñó como asistente y secretario particular del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, y actualmente es el coordinador general de las fiscalías regionales.
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