Silvano Aureoles Conejo
El 11 de mayo López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que dio todas las atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina (Foto: Cortesía)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de que el máximo órgano judicial delimite los alcances de la intervención de las Fuerzas Armadas en el país, con el fin de que éstos sean claros para los gobiernos de las entidades federativas, los militares y de toda la población, además de que el acuerdo federal publicado en el Diario Oficial sea invalidado de manera inmediata.

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Si bien expuso que como gobernador de Michoacán refrenda su respeto por el trabajo que realizan todos los días las Fuerzas Armadas, por que sin lugar a dudas hay una gran admiración por su valor y amor por México, insistió en que el acuerdo por el que se dispone a los uniformados de manera permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, emitido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 11 de mayo, está incompleto y no genera certeza jurídica.

Además, consideró que el Acuerdo de la Militarización en México otorga facultades legales a las Fuerzas Armadas que le corresponden a la Guardia Nacional, es por ello que decidió presentar la controversia constitucional para que desde el máximo órgano judicial se aclaren las facultades de los militares.

En su cuenta oficial de Twitter, Aureoles Conejo aclaró que su gobierno nunca aprobará ningún acto o decisión, como ahora ocurre con el Acuerdo de Militarización, que atente contra su vocación original, que es brindar protección a los mexicanos con estricto apego a la Constitución.

«Por el bien de todos necesitamos que la Corte de Justicia intervenga y dé claridad con estricto apego a la Constitución», insistió el mandatario.

Sobre el particular, el titular del Ejecutivo estatal refirió que con la presentación de la controversia constitucionalde ninguna manera se pretende evitar que el presidente de la República haga uso de su facultad constitucional y disponga de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino más bien, el objetivo es que la Suprema Corte invalide el acuerdo impugnado para el efecto de que López Obrador sí haga dicha disposición, pero dentro de los parámetros de su esfera que le compete, es decir, dentro del límite marcado por las características de extraordinaria, regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad.

El área Jurídica del Ejecutivo presentó la controversia el pasado viernes, y el asunto fue turnado para su estudio a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, debido a que ya tiene bajo su ponencia otra controversia por el mismo tema, promovida por el municipio de Colima, sin que hasta el momento ninguna de estas dos controversias haya sido admitida a trámite.

Cabe recordar, que el 11 de mayo López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que dio todas las atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina, para que actúen en respaldo de la Guardia Nacional.

Por: Guadalupe Martínez/rmr