Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, continúa estableciendo mecanismos tendientes a la obligatoriedad en la rendición de cuentas de todos los funcionarios municipales, con lo cual, se mantiene a la vanguardia al consolidarse como una Administración transparente.
En este tenor, la Comisión de Gobernación Trabajo, Seguridad Pública Protección Pública del Cuerpo Colegiado, presentará un punto de acuerdo para la obligatoriedad de los servidores públicos, para que den a conocer su declaración de conflicto de intereses, como parte de la iniciativa 3de3.
El punto de acuerdo que será presentado por la referida Comisión, contiene la obligación de presentar declaraciones de conflictos de interés, así como declaraciones de ausencia de conflicto de interés, en particular, para aquellos servidores públicos que participan en el Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles.
Este ordenamiento establece mecanismos a través de los cuales se pretende prevenir la existencia de conflicto de interés, definido éste como un conflicto entre el deber público y los intereses privados (personales, familiares o de negocios), de un servidor público y de un particular, cuando éstos tienen, a título particular, intereses que podrían influir indebidamente en el ejercicio de sus empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Con este instrumento de transparencia, los servidores y funcionarios que tienen en sus manos la decisión de cómo y con quién gastar recursos públicos, estarán regidos bajo la certeza de que no están teniendo un beneficio indebido o generándose beneficios personales, familiares o de negocios.
Cabe destacar que será hasta que se materialicen las leyes secundarias referente a la reforma al Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisa que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley, que se implemente la figura referida.
No obstante, el Ayuntamiento, en uso de su autonomía municipal, y sin pretender una contravención a las disposiciones constitucionales, propone desde ahora la obligatoriedad para sus servidores públicos en los mandos medios y superiores, realizar la declaración, en la inteligencia de que una vez que entre en vigor la legislación que regulará esta figura, se realicen las adecuaciones y modificaciones pertinentes a la normatividad municipal.
De esta forma, el Ayuntamiento se encuentra un paso adelante en temas de transparencia y ratifica su voluntad de trabajar abiertamente hacia la ciudadanía, consolidándose como una Administración que rinde cuentas.
