Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Existe un decremento en el patrimonio estatal hasta el año 2013 por el orden de 4 millones 336 mil 776.737 pesos, además de que únicamente se conoce el comodato de 350 bienes inmuebles del gobierno del estado de los años 2000 a 2016, sin embargo, se desconoce el número exacto de predios, terrenos o edificios con que cuenta la administración estatal y si son utilizados correctamente, afirmó el presidente de la Comisión de Gobernación, Mario Armando Mendoza Guzmán.
Por lo que por unanimidad los integrantes de la LXXIII Legislatura aprobaron una reforma a la Ley de Patrimonios Estatal, al considerar necesario que se haga una revisión y modificación a la Ley de Patrimonio Estatal, replanteando los procedimientos que se han gestionado hasta hoy en día, "se requiere un ordenamiento jurídico que permita proteger, administrar, custodiar y vigilar eficazmente los intereses patrimoniales de la sociedad michoacana".
Mendoza Guzmán señaló que de acuerdo al Instituto Michoacano de Transparencia (Itaimich) existen 350 bienes inmuebles en comodato desde el año 2000 hasta 2016 donde se encuentran organizaciones civiles, religiosas, sindicales, transportistas e incluso exfuncionarios, "pero no sabemos si los están usando para lo cual se les dio e incluso si los están subarrendando".
El legislador de extracción priísta señaló que el Ejecutivo se ha visto afectado en consecuencia de la corrección de los efectos acumulados de ejercicios anteriores de la cuenta cargos por aplicar, con la aplicación integra de las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las reglas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización contable.
"Este efecto patrimonial negativo se podría compensar, parcial o totalmente, al realizar el registro a valores actuales, entre otras cosas de los bienes inmuebles y de los bienes muebles, mismos que además es obligación de ley que se debe realizar".
Con la reforma que fue aprobada durante la sesión se fijó el criterio de reversión, pues el gobierno no lograba recuperar los terrenos o no cuenta con un mecanismo para recuperar los bienes del estado.
También se fijaron un tiempo para los como datos de cinco años pasados, salvo los que registren inversiones.
Y se obliga al Ejecutivo a subir en su portal web la información detallada de quien tiene los bienes inmuebles, la inversión y cuándo se vencen los términos en un periodo de 180 días y posteriormente en cada movimiento que se realice.
