Admitió que Michoacán, como el resto del país, enfrenta un problema en materia de seguridad, impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos (Foto: Adrián López Solís)

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre los 16 aspirantes a la Fiscalía General del Estado, que comparecieron este martes ante las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, la más concurrida y observada por representantes de medios informativos, fue la del diputado local perredista, Adrián López Solís el único al que se le cuestionó directamente sí tenía conflicto de intereses para asumir el cargo, situación que rechazó categórico.

Pasado el mediodía, López Solís arribó al Salón de Recepciones del Palacio Legislativo y en calidad de diputado con solicitud de licencia en proceso de dictamen, postulante al cargo de fiscal general, -que por primera será electo en el estado para un período de nueve años-, explicó su proyecto de trabajo.

De entrada, contextualizó que Michoacán tiene una grave situación de rezago entre los hechos denunciados y los que se aclaran como resultado de las investigaciones iniciadas por diferentes hechos. “En el 90 por ciento de las mismas no se llega a una investigación complementaria; es decir, ante los tribunales. Del 10% restante sólo en la mitad se dicta sentencia condenatoria”, evidenció.

En una exposición que se prolongó por diez minutos, admitió que Michoacán, como el resto del país, enfrenta un problema en materia de seguridad, impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos, y, por otro lado, la baja asignación de recursos mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) ha repercutido negativamente en la procuraduría.

(Foto: Sayra Casillas)

“Hoy es necesaria la inversión extraordinaria de 115 millones de pesos para la adquisición y modernización de equipo informático, armamento, vehículos e insumos”, señaló, y después propuso un decálogo de trabajo para la fiscalía general, que contempla la elaboración de un diagnóstico y plan estratégico para la reorganización  y funcionamiento de la misma; la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos; atención a las víctimas; la investigación y persecución del delito eficaz, expedita y objetiva; fortalecimiento institucional; la cooperación interinstitucional; la vinculación social y la participación ciudadana, así como un modelo de actuación con perspectiva de género.

En sesión de preguntas, el morenista Fermín Bernabé Bahena, cuestionó al abogado de profesión y exsecretario de Gobierno sobre el contenido de un artículo de la Ley, a lo que al asumir que se trataba de una trampa, respondió “no soy abogado codiguero”.  Al mismo parlamentario le aseguró que no tiene conflicto de interés alguno para asumir el cargo.

Minutos después en entrevista colectiva, Adrián López retomó que cuando se quiere evaluar la capacidad y el conocimiento de una persona, es una trampa muy usual recurrir al artículo de un ordenamiento, sin embargo, el espíritu de la comparecencia no es ese.

“Los códigos los tiene uno para consulta en el momento que se requieren, simple y llanamente; lo que importa establecer en este tipo de ejercicios es un conocimiento fundamental para orientar la decisión. El principio de actuación debe ser en el cúmulo de toda una información que traemos los abogados y que no está constreñida a lo que diga o deje de decir el Código”, refirió.

El perredista reiteró que el “epíteto de fiscal carnal”, que algunos actores le han asignado por su cercanía con el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, desde hace años, “es peyorativo, excluyente y discriminatorio; yo no lo acepto, no lo admito para mí y no lo admito para nadie”.

Puso énfasis en que la autonomía no tiene que ver con la cercanía o las distancias con personajes de la vida pública, sino con el cumplimiento de responsabilidades estrictas en el marco de lo que dice la ley.

Finalmente, dejó en claro: “Ser fiscal por mi parte no es un asunto de vida o muerte, ni es una exigencia sin la cual no puedan conducirse los procesos parlamentarios o de la vida pública en el estado. Estoy participando porque veo la oportunidad de ofrecer mi experiencia, mi formación, mi compromiso con el derecho y la justicia en esta oportunidad de transitar de Procuraduría General de Justicia del Estado a un organismo autónomo constitucional que se llamará fiscalía general del estado, y lo estoy haciendo como el resto de los ciudadanos, defendiendo argumentos, exponiendo mis razones, y, lo que sea que se decida está bien”.

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