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Recalcó que el reconocimiento a los derechos de las mujeres es una responsabilidad constitucional que debe asumir a plenitud toda autoridad en el país (Foto Cortesía)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México tenemos que caminar hacia una cultura de pleno respeto a los derechos de las mujeres, empezando por quienes ostentan un cargo de representación popular y tienen en sus manos la toma de decisiones, recalcó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado por el Distrito de Hidalgo, recalcó que el reconocimiento a los derechos de las mujeres no es una concesión, ni un tema sujeto a debate, sino una responsabilidad constitucional que debe asumir a plenitud toda autoridad en el país.

“Entre los muchos derechos de las mujeres está uno que es fundamental, el de decidir sobre su propio cuerpo, y sobre el cual llueven opiniones, cuestionamientos, censura, discriminación, sin que se entienda que éste es un derecho que no puede estar sujeto a discusión, y que en el caso de quienes legislamos es nuestro deber garantizarlo con toda amplitud dentro de nuestro marco normativo”.

Subrayó que desde hace más de un año presentó ante el Congreso Local, una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado a fin de que se despenalice el aborto, y con ello evitar que mujeres en Michoacán sigan muriendo debido a abortos clandestinos mal practicados.

El legislador recordó que temas como la suspensión del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación, han sido históricamente debatidos y son ya derechos reconocidos en tratados internacionales de los que México forma parte.

Tony Martínez apuntó que se debe legislar progresivamente para garantizar la interrupción del embarazo en el sector público, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha reconocido que la interrupción del embarazo procede por motivos de salud y no sólo cuando la vida de la mujer corre peligro, además ha sustentado que negar este derecho configura un acto de discriminación.

Boletín/PO