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En tanto, seguirán atentos al procedimiento de la CNDH (Foto TW: Silvano Aureoles)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Detrás del procedimiento por violación a derechos humanos que promovieron en 2017 comuneros de Arantepacua ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existe un manejo político-electoral relacionado con un familiar del senador Casimiro Méndez, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Luego de comentar que el pasado 21 de enero se contestó por oficio al organismo nacional las recomendaciones emitidas a la administración estatal a la Fiscalía General del Estado por violación a la libertad, seguridad e integridad física y otros en agravio de comuneros de Arantepacua, el mandatario refirió que un hermano del legislador intenta aprovecharse para “medrar políticamente con la desgracia”.

 “Sabemos que anda muy metido en el tema y debemos irnos con cuidado porque no sólo es el respeto a la comunidad indígena” y agregó que una disculpa pública “debe ir bien sustentada porque de lo contrario es aceptar tácitamente que el responsable de todo fue la corporación (policiaca) cuando está demostrado que la comunidad es refugio de grupos delincuenciales que estarían detrás de la provocación”.

A lo que Aureoles Conejo mencionó que seguirán atentos al procedimiento de la CNDH y darán atención a lo que sea requerido por la autoridad.

De acuerdo con el expediente 42VG/2020, la CNDH emitió 15 recomendaciones, siete dirigidas al gobierno estatal y ocho a la FGE donde solicita la disculpa pública con reconocimiento a su responsabilidad, traducida al purépecha y difundida por radiodifusora y en un medio de comunicación local.

Además de una compensación e inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas para que puedan recibir atención médica, psicológica y tanatológica que requieran, así como la elaboración de un plan integral para la reparación del daño colectivo tendiente a la recuperación del tejido social.

Lo anterior tras acreditarse la violación a derechos humanos en hechos que derivaron de un conflicto agrario y bloqueos carreteros por integrantes de las comunidades indígenas de Capácuaro y Arantepacua donde 38 representantes fueron detenidos de forma violenta, 37 resultaron heridos, 8 eran policías y cinco personas murieron en el encuentro (un adolecente, tres adultos y un efectivo de seguridad).

Por: Aned Ayala/E