Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes del Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) dieron a conocer que están impulsando una demanda de juicio político contra el actual titular de la Auditoría Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, por realizar presuntas omisiones en la fiscalización de un crédito por el orden de los mil 340 millones de pesos en 2013.
En rueda de prensa, el integrante del Cemide, Arturo Herrera Cornejo comentó que esta propuesta está impulsada por ciudadanos preocupado por el incumplimiento de una auditoría que solicitó en noviembre de 2014 para conocer el destino del crédito, cuya respuesta llegó el 30 de enero de 2015, con un informe imparcial.
"El documento llegó a destiempo, ni siquiera se encontraba firmado por el auditor y no especifica ni detalla la aplicación del crédito solicitado a Banco Multiva por la cantidad de mil 340 millones".
Señaló que además de la falta de respuesta sobre que ocurrió con el crédito solicitado por el poder ejecutivo, integrantes del Cemide documentaron gastos que se realizaron a empresas de asesoría que tampoco han sido aclarados, pese a que se realizaron hace más de cuatro años.
"Se detectaron erogaciones por la cantidad de 38 millones 860 mil pesos en concepto de asesoría de Banco Multiva, erogaciones de un millón 740 mil pesos por asesoría legal de Chadbourne and Park, 4 millones 141 mil 328 pesos por asesoría legal de Gaxiola Galbo, Sobrino y Asociaciones y otros 9 millones 326 mil pesos para Causa Capital, sin ninguna respuesta, salvo que fueron traspasados a algunas cuentas de Banco del Bajío".
Asimismo, mencionó que el informe dice que se comprobó el pago a un crédito de corto plazo, pero no dice quien fue el acreditante ni cuál fue el destino de los recursos, además de no revisa los respaldos de registros de pólizas sobre adeudos cubiertos.
Con estos antecedentes, Herrera Cornejo dijo que más de 150 ciudadanos, entre civiles y empresarios, decidieron presentar una demanda de juicio político, a partir de la "obligación que tienen los funcionarios públicos de no incurrir en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los interés públicos fundamentales".
"Reunimos firmas y es el congreso quien se constituye como jurado y va a determinar si es procedente o no la demanda y si es admitida, se procede a un análisis de argumentos y pruebas que determinen si es o no responsable", subrayó.
De declararse la responsabilidad del funcionario, las sanciones a las que se podría hacer acreedor José Luis López Salgado van desde su suspensión de labores, destitución e incluso ser inhabilitado para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones públicas en cualquier gobierno y ayuntamiento.
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