Morelia, Michoacán (Boletín).- Los productores de la confederación nacional de propietarios rurales rechazan rotundamente el cobro de impuestos ilegales a quienes se dedican al campo michoacano, sentenció el presidente de la CNPR, Eduardo Orihuela Estefan, al tiempo de anunciar que se interpondrán los mecanismos de control constitucional correspondientes.
En entrevista, detalló que desde la confederación se respaldan y defienden los derechos constitucionales de los productores de Michoacán, por lo que se pronunció en contra del impuesto de 7 mil pesos por hectárea que pretende cobrar el gobierno del estado.
A decir de Orihuela Estefan, el gobierno del estado ha cometido acciones ilegales en contra de los productores michoacanos en los últimos meses, como la invasión de predios y destrucción de cultivos en supuestas actividades de "inspección y vigilancia", facultades exclusivas de la federación, conforme al artículo 12 fracción XXIII de la ley general de desarrollo forestal sustentable.
Dicha ilegalidad fue reconocida por la procuraduría federal de protección al ambiente en dos comunicados oficiales, del 17 y 21 de mayo del 2017.
El gobierno del estado añadió que ha impedido a los productores la comercialización del aguacate si se carece del certificado de sustentabilidad, sin embargo, el estado carece de facultades para acceder al mercado nacional e internacional, ya que estas se encuentran reguladas en el artículo 25 de nuestra constitución federal y son reservadas exclusivamente a los poderes ejecutivo federal y legislativo federal.
Ante ello, explicó Orihuela Estefan, la ley orgánica de la federación establece que es el ejecutivo a través de la secretaría de economía y de la secretaría de hacienda, el único facultado de regular el ingreso del comercio interior y exterior.
"Por lo expuesto, la creación del certificado de sustentabilidad por parte del ejecutivo estatal es una medida que establece un impuesto ilegal, al obligar a los michoacanos dedicados a una actividad tan importante como lo es la agricultura, a pagar 7 mil pesos por hectárea de cultivo.
"Dicho impuesto es inconstitucional, y la Confederación, junto a sus organizaciones estatales y locales, interpondrán los mecanismos de control constitucional que correspondan para detener cualquier acción arbitraria de la autoridad del estado de Michoacán en contra de los productores".
Eduardo Orihuela fue enfático al decir que la CNPR condena que se lesione la imagen del productor rural y se criminalice una actividad tan importante para el estado y el país. Por séptimo año consecutivo Michoacán se ubica como primer lugar nacional en valor de la producción agropecuaria, con un millón 100 mil hectáreas en 119 diferentes cultivos, sumando un valor superior a los 46 mil millones de pesos.
Además, dijo, se exporta a 41 países de América, Asia, Europa y Oceanía, y se emplea a más de 464 mil personas, así que la CNPR reconoce la importancia de mantener un equilibrio en la actividad agropecuaria estatal, pero exige una propuesta integral apegada a la constitucionalidad, que respete el debido proceso, para asegurar el resguardo a zonas forestales, la restitución de las zonas dañadas y la generación de herramientas económicas y sociales acorde a la realidad de los productores, que permitan que la actividad primaria sea sustentable y sostenible.
Finalmente, Orihuela Estefan comentó que la CNPR trabaja para ser parte de la solución, y los productores exigen respeto al Estado de Derecho y diálogo. "Debemos tener un compromiso mutuo con la legalidad, y exigimos los derechos básicos de quienes día a día trabajan para alimentar a nuestro estado, que activan económicamente a sus regiones y están consolidando al sector agropecuario como el sector con mayor desarrollo en la economía nacional".
FG
