Debe existir un debido tratamiento de datos personales en la actividad de cobranza extrajudicial.
Las actuaciones de los despachos de cobranza o de entidades han aumentado de tal forma que las quejas se han incrementado considerablemente por muchos motivos, pero uno en particular que ahora interesa es: las personas contactadas no son el cliente deudor o ya no se debe.
Este tema tiene ver con la protección de datos personales, en específico con el principio de calidad, porque si no se es la persona deudora o se pide el pago de un crédito ya pagado, implica que los datos personales que tienen los despachos de cobranza o entidades no son exactos, tampoco son correctos y, mucho menos, están actualizados.
Con esto queda claro que la actividad de cobranza extrajudicial depende de los datos personales para llevarse a cabo. Por tal razón, los despachos o entidades de cobranza deben tratar los datos personales de manera adecuada, con la finalidad de que se encuentren actualizados, correctos, completos y, además, que sólo se mantengan por el tiempo que sea necesario.
Para lograr lo anterior, se tienen que cumplir obligaciones generales que derivan de principios rectores de la protección de datos personales, así como del cumplimiento de deberes en el tratamiento de dicha información, como el de seguridad y confidencialidad. Todo lo anterior lo contemplan las leyes en materia de protección de datos personales.
En atención a lo señalado, lo importante es reconocer que las llamadas y visitas de estos despachos y entidades cuando no se es la persona o ni siquiera se tiene una deuda, tiene que ver con el mal manejo de los datos personales y, por tanto, se tiene el derecho de exigir su debida gestión.
Y, aunado a lo anterior, cuando las personas se encuentren ante dicho hecho o uno similar, pueden acudir al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la finalidad de que se les oriente sobre la situación en particular que se les presenta y, en su caso, iniciar los procedimientos correspondientes para analizar la posible vulneración de las leyes en la materia.
