Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por unanimidad, integrantes de la comisión de Justicia aprobaron este martes el dictamen relativo a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado.
La última revisión al proyecto legislativo se aplicó esta mañana en instalaciones de la Casona del Congreso, donde además de los miembros de la comisión de Justicia estuvieron presentes los diputados, Cristina Portillo Ayala y Javier Paredes Andrade.
En contraste con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a esta nueva ley para la Fiscalía se le incorporó la creación de un Consejo Consultivo integrado por tres ciudadanos y un representante de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, se incorporan tres nuevas fiscalías especializadas, con competencia territorial en todo el estado: la de Atención a Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos; Desaparición Forzada de Personas; y, la de Asuntos Internos, esta última encargada de dar seguimiento a delitos cometidos por servidores públicos.
En periodo electoral habrá de constituirse una Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales.
Se establece que para la elección del titular del órgano interno de control, el fiscal emitirá la convocatoria respectiva; el Consejo Consultivo aprueba una terna; y, el Congreso define el nombramiento.
En el rubro del Servicio Profesional de Carrera, se le dará prioridad a los exámenes de certificación y confianza del Sistema de Seguridad Pública; en tanto que la Fiscalía Anticorrupción tendrá un apartado especial en el Presupuesto de Egresos que envía el Ejecutivo.
En un artículo transitorio se especifica que de forma coordinada, el titular del Ejecutivo y el fiscal decidirán sobre la reubicación de los trabajadores sindicalizados actualmente asignados a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se estableció un año para la implementación del nuevo órgano.
La propuesta de Ley establece que el fiscal general, cuyo cargo tendrá una periodicidad de nueve años, podrá ser removido por al menos las dos terceras partes de los diputados, en caso de que incurra en alguna responsabilidad administrativa.
CA
