Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Comisión de Cambio Climático acordó promover una iniciativa de ley de coordinación entre las autoridades de gobierno federal, estatales y municipales, que implique a las empresas e industrias privadas, respecto a las acciones que se deben adoptar a nivel nacional para la reducción de las emisiones contaminantes y revertir los daños causados por gases de efecto invernadero.
Lo anterior durante la reunión de trabajo de la Comisión Especial de Cambio Climático con la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), María Amparo Martínez Arroyo, quien presentó la evaluación del Anexo Transversal en materia de Cambio Climático.
La presidenta de la Comisión de Cambio Climático, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, manifestó su preocupación ante el hecho de que el gobierno federal da mayor importancia a las políticas de mitigación, tendientes a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en lugar de impulsar con mayor fuerza las acciones de adaptación, es decir, de impulsar el desarrollo sostenible.
México debería dar mayor peso a las políticas de adaptación, enfatizó, porque fue el país que lo planteó dentro del Acuerdo de París, pues la meta principal es reducir la vulnerabilidad frente a la contaminación, a través del desarrollo sostenible.
Solicitó a la titular del INECC se establezcan con claridad los mecanismos para garantizar políticas ambientales a largo plazo, y no se pierdan durante los cambios de gobierno, así como medidas que den transparencia a la aplicación de recursos.
La legisladora por del Grupo Parlamentario del PAN destacó la importancia de que las autoridades determinen los programas y lineamientos que, en lo interno, impidan la fragmentación institucional y enlacen las acciones estatales y regionales, y que cumplan además los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad y desarrollo sustentable.
El senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca, propuso por su parte que la iniciativa de dicha ley se elabore como un trabajo conjunto entre el Legislativo, INECC y la sociedad civil, e incluya normas "espejo", es decir, similares a las de los socios comerciales de México, a fin de evitar argumentos de que ofrecen tecnología que no está prohibida por nuestras autoridades, como en el caso de las industrias mineras, textileras, de la construcción, entre otras.
Con claridad en las normas que armonicen a los tres órdenes de gobierno y las obligaciones de las empresas nacionales y extranjeras, el Estado mexicano dejaría de ser omiso ante las acciones que van en contra del cuidado del medio ambiente, sostuvo.
Cárdenas Fonseca hizo énfasis en que la supervisión del cumplimiento de las normas ambientales debe efectuarse de forma transversal también en estados y municipios, y sancionar todos los casos de incumplimiento, particularmente cuando se adquiere o se permite a empresas extranjeras aplicar tecnologías que son prohibidas incluso en sus países de origen, porque resultan altamente contaminantes.
México tiene serios problemas de vulnerabilidad, "y no hay autoridad que les diga a los estados que están mal al adquirir tecnología chatarra", destacó al pronunciarse por apegarse al Acuerdo de París y a favor de que se vinculen todos los sectores relacionados con las acciones contra el cambio climático.
