Comisiones Unidas aprueban reestructura de la deuda pública de Michoacán

Fue consensuado a pagarse en un período de hasta 20 años
Fue consensuado a pagarse en un período de hasta 20 años

Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el voto en contra de los legisladores panistas, en comisiones unidas de hacienda y deuda pública y programación, presupuesto y cuenta pública aprobaron dictaminar la reestructura de cuatro créditos bancarios y los bonos bursatiles por casi 11 mil millones de pesos, por lo que se prevé que el próximo jueves a las 11:00 horas se vote en el pleno del congreso local.

La reestructura se aprobó a 20 y no a 25 años cómo se detallaba en la solicitud que envió en ejecutivo en diciembre pasado, además de que no se contratará la garantía de pago oportuno y no existirá periodo de gracia para que el ejecutivo estatal deje de pagar intereses y capital de los créditos que se tienen.

Durante la reunión se estableció que ninguno de los créditos de la renegociación se podrá bursatilizar; además que los ahorros que se obtengan no podrán utilizarse para pagar créditos de corto plazo.

De igual forma, en el dictamen que será puesto a disposición del pleno en la próxima sesión para su votación se contemplará la eliminación de la Garantía de Pago Oportuno (GPO) por un monto de alrededor de 220 millones de pesos.

Además se instruye que las negociaciones de los plazos, tasas y "condiciones de hacer y no hacer" deberán mejorar, a fin de ir saneando las finanzas del estado.

Los legisladores emanados del albiazul, Miguel Ángel Villegas Soto, Carlos Quintana Martínez y Eduardo García Chavira, votaron en contra, toda vez que no se incluyó su propuesta de que el crédito con Banobras se liquidara con el ahorro que anunció el ejecutivo que se obtendrá del programa de austeridad en lugar de alargarlo 20 años más, pues representa un costo superior a los 820 millones de pesos.

También se manifestaron en contra de que se mantuviera el contrato con la consultora Finanzas & Infraestructura, misma que cobrará el .95 por ciento del monto total a reestructurar, lo que representan 120 millones de pesos, además de que el proceso de licitación no fue transparente porque su representante legal es un personaje que ha estado sujeto a procesos administrativos y penales en la mayoría de los cargos públicos que ha ocupado a lo largo de 30 años.

jcms

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