Morelia, Michoacán (Boletín).- Con la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada por el Congreso de la Unión, inicia una nueva etapa en la que el poder público deja de ser un privilegio de burocracias doradas, y los recursos se ejercen en función del bienestar de las y los ciudadanos, sentenció el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.
Alfredo Ramírez señaló que desde hace varios años se rompió el equilibrio entre el presupuesto destinado a la operatividad de la administración pública y el recurso erogado en acciones sustanciales de gobierno, por lo que se mostró confiado en que la Ley de Austeridad Republicana frenará la inercia de que el gasto corriente aumenta en la misma medida que disminuye la inversión física.
Resaltó que por primera vez la austeridad es asumida como un principio de Estado, ya que no está sujeta a la buena voluntad de los servidores públicos, sino que es un mandato de ley la cancelación de privilegios que gozaba la burocracia, como seguros de vida, cobertura de servicios médicos, viáticos y pago de combustibles, entre otras prestaciones.
Añadió que la Ley Federal de Austeridad Republicana, que en breve será promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también contribuirá a adelgazar la nómina de las instituciones públicas, ya que prohíbe la existencia de plazas con nivel de dirección general adjunta que no ejerzan facultades expresamente contempladas en la ley o reglamento, y plantea que solo los titulares de dependencias podrán tener chófer y secretario particular.
La contratación de servicios externos de consultoría se había prestado para el desvío de recursos públicos, añadió, por lo que el marco legal aprobado establece que sólo se podrán contratar despachos o empresas cuando la dependencia o servidores públicos no tengan la capacidad de realizar los servicios requeridos.
Alfredo Ramírez señaló que la Ley de Austeridad Republicana es uno de los principios fundacionales de la cuarta transformación, ya que devuelve al servicio público su vocación de servir, y propone redirigir los recursos del erario a las acciones que contribuyan a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
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