Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que el dictamen está listo desde finales del año pasado, siguen congeladas en el congreso del estado las iniciativas de ley que prevén la regulación de manifestaciones, marchas, plantones, obstrucción de edificios públicos, y otras medidas que se realizan en el estado.

Dicho proyecto legislativo busca impedir situaciones como las que se vivieron este martes en Morelia, donde los bloqueos viales implementados por sindicatos de los tres poderes y del sector magisterial vulneraron el derecho de los ciudadanos al libre tránsito, con una serie de implicaciones negativas para quienes no pudieron realizar sus actividades con normalidad.

El análisis de las iniciativas que, por separado, pero en el mismo sentido, presentaron los diputados María Macarena Chávez Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, está a cargo de las comisiones parlamentarias de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y Gobernación, ésta última encabeza los trabajos.

En entrevista, el diputado local proponente e integrante de la comisión de Gobernación, Ernesto Núñez Aguilar, planteó que desconoce el motivo por el cual no ha convocado el presidente de la misma, Mario Armando Mendoza Guzmán, para que las comisiones unidas discutan y sometan a votación el dictamen que se elaboró desde finales de 2016.

“Yo espero que se pueda retomar el tema, que lo que se vivió hoy sirva para ello”, dijo el congresista, para después lamentar que los distintos gremios continúen en la tónica de violentar los derechos de terceros para presionar a las autoridades

Desde su punto de vista es necesario que se apruebe dicha regulación, pues hace falta que se establezcan protocolos de seguridad pública, “cómo deben actuar los elementos cuando haya escenarios de esta naturaleza, porque el problema es que hoy no los hay”.

(Foto: ACG)

¿Qué planteaba el predictamen?

Según el predictamen que se hizo público el año pasado, y que posteriormente fue modificado con propuestas de algunos congresistas, se deja a salvo el derecho de asociación, reunión o manifestación pacífica con cualquier objeto lícito, “siempre que en el ejercicio de estos derechos no se haga uso de armas, de violencia, o se dañe la integridad personal o patrimonial de las personas”.

Reconoce el derecho de utilizar los espacios, lugares públicos y vías públicas para el ejercicio de manifestación, pero advierte que ningún ciudadano o autoridad podrá limitar el tránsito de peatones o vehículos, “salvo en los casos señalados en la presente Ley y la Legislación Electoral aplicable”.

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Añade que “al manifestarse las personas no podrán realizar actos que eviten el cumplimiento de la finalidad regular de los lugares públicos, o bien, que impidan el desarrollo de las actividades que, en ejercicio de sus derechos, realicen quienes no participan en la manifestación”.

Las autoridades tendrían la obligación de proteger la integridad de las personas que utilicen espacios o lugares públicos y vialidades con el fin de manifestarse o marchar y de aquellos que concurran en dichos lugares con fines diversos; atender las peticiones de apoyo, auxilio y seguridad, que al respecto presenten las personas, asociaciones y grupos; establecer protocolos de atención para el desahogo del tránsito vial, para evitar daños a las personas y bienes muebles; vigilar y evitar actos ilícitos, durante el desarrollo de una manifestación.

“En aquellos casos en los que se lleve a cabo una manifestación en espacio o lugar público de competencia federal, las autoridades responsables darán aviso a la autoridad federal”

Se contempla un capítulo para los protocolos de seguridad, tránsito y protección civil que deberán seguir las autoridades responsables, con la presencia incluso de representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Además, se prevé un artículo relativo a los derechos de las personas manifestantes, entre los que destacan: recibir audiencias con autoridades en las que puedan hacer sus planteamientos, solicitar servicios médicos, de rescate y protección, tránsito, para la salvaguarda de su integridad física; y,  requerir la presencia policíaca, en caso de percatarse de la realización de conductas o de hechos violentos que puedan causar daño a personas o bienes de terceros, o que afecten el desarrollo de la manifestación.

En contraparte, los manifestantes estarían obligados a respetar durante el desarrollo de la manifestación los espacios o lugares públicos, o vialidades, así como bienes de particulares; dar aviso a las autoridades de situaciones de riesgo, sobre injerencias arbitrarias de terceras personas o autoridades, que desvirtúen el objeto de la manifestación; respetar el libre ejercicio de los derechos de las personas no manifestantes; y reportar a quienes cometan daños a los espacios o lugares públicos, o vialidades.

jcms