Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Siguen sin consenso las bancadas al interior del congreso local respecto a la definición del perfil que habrá de ocupar el cargo de fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El dictamen se votaría después de la aprobación del paquete económico 2018.
Debido a que Lauro Pallares Ramos, actual responsable de la fiscalía anticorrupción de la PGJE, no acreditó el examen de control y confianza que se le aplicó el año pasado, y por cuestiones de periodicidad ahora no se lo pudo volver a practicar, son cuatro los perfiles elegibles
Uno de ellos es Marco Aurelio Nava Cervantes, actual coordinador general de las fiscalías regionales, quien ya tenía acreditada su prueba de control y confianza.
Por otro lado, Alejandro Carrillo Ochoa, jefe del departamento de expropiaciones y opiniones en la Consejería Jurídica del Ejecutivo; Edgar Hugo Rojas Figueroa, director del Instituto de Capacitación de la PGJE; y, Salvador Sandoval Rodríguez, que se ha desempeñado como asesor y director jurídico de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), se les practicó el examen de control y confianza a través de la Secretaría de Gobernación y aprobaron.
A propósito de la definición de esta figura emblemática del Sistema Estatal Anticorrupción que se pondrá en marcha el año próximo, el presidente de la comisión de Justicia, Ángel Cedillo Hernández, planteó que ya tienen listo el dictamen sin embargo no se ha votado por falta de consenso.
Dijo que ante ese escenario, y la coyuntura de la revisión, análisis y votación del presupuesto del estado para el ejercicio 2018, contempla convocar a reunión de comisiones hasta después de la aprobación del paquete económico.
Desde la visión del legislador perredista, no se debe descalificar a los perfiles que aspiran al cargo por los vínculos que tienen con el gobierno michoacano, específicamente al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
"Yo creo que esto se quiere politizar y quieren cobrar venganza por el tema del fiscal carnal general, pero son dos cosas hasta diferentes", dijo.
En contraparte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez, insistió en que no debe encabezar la fiscalía anticorrupción ninguna persona vinculada directamente con la administración estatal.
"Legalmente no hay ningún impedimento, lo sabemos, pero es un tema de responsabilidad, y mandar un mensaje correcto o incorrecto a la ciudadanía en general… definitivamente nosotros no estamos en esa posición y yo espero que el resto de las fracciones parlamentarias se sumen y no permitamos que en Michoacán se dé ningún fiscal carnal", planteó.
CA
