Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán ratificaría las reformas que recientemente aprobó a la Ley de Tránsito y Vialidad, por medio de las que se prohíbe a los agentes estatales y municipales que recojan placas, licencia de conducir, tarjeta de circulación u algún otro documento como garantía para el pago de una infracción.
Tampoco se puede impedir la libre circulación de una unidad, salvo en casos de flagrancia delictiva o que se ponga en riesgo a la sociedad por conducir bajo el influjo indebido de drogas o bebidas alcohólicas o cuando no se acredite la propiedad o la legal procedencia de la misma.
Dichas disposiciones fueron avaladas por los diputados en la sesión ordinaria que llevaron a cabo el pasado miércoles 25 de octubre, sin embargo, el 9 de noviembre el ejecutivo estatal turnó al congreso una serie de observaciones sobre presuntas violaciones a diversos artículos de la Constitución, con el señalamiento de si no son atendidas resulta inviable la promulgación de las mismas.
Cuestionado al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Wilfrido Lázaro, anticipó que el legislativo ratificaría las reformas en el sentido en que fueron aprobadas, pese a las observaciones de la administración estatal.
"Nosotros lo vemos desde el lado de que si la persona ocupa de sus documentos, de las placas de identificación de su vehículo y le son retirados se queda en estado de vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad ya debemos dejarla de lado, ha pasado mucho tiempo y además hay muchas quejas de los vecinos de Morelia y de todo el estado sobre los servicios de grúas, que al final son un gran negocio", planteó.
Lázaro Medina dijo que hay consenso en la bancada del Partido Revolucionario Institucional, a la cual pertenece el presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes, Raymundo Arreola Ortega, en el sentido de regresar las reformas al Ejecutivo en los mismos términos, para que proceda con su publicación en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor.
"Las observaciones que envía el Ejecutivo por supuesto que son muy respetables, las analiza el Congreso, determina si son adecuadas o no, y en todo caso se puede regresar en los mismos términos y se debe de publicar", concluyó.
jcms
