Por: Josimar Lara/@Josimar2188
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Francisco Javier Gallo Palmer, anunció que presentarán en los próximos días una serie de propuestas al congreso de la unión para modificar la Ley de Obra Pública y la Ley de Desarrollo Social a fin de "eliminar los sistemas de contratación actuales, que se refiere a la asignación directa y a la invitación restringida".
En rueda de prensa realizada en Morelia, en el marco de un convenio de colaboración con la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el dirigente nacional de AMIC recalcó que estas dos modalidades de contratación de la obra pública han sido propicias para la corrupción y una serie de irregularidades en las obras del país.
"No podemos permitir que un funcionario tenga la facultad de decidir a quién invitar o favorecer con un contrato de obra. Es necesario que estas modalidades se eliminen y se queden exclusivamente la invitación por licitación pública", enfatizó.
Gallo Palmer subrayó que dentro de las propuestas está que la licitación pública sea atendida por un comité de fallo que sea ciudadano y en el que puedan participar las organizaciones empresariales, colegios de ingenieros y arquitectos, así como los beneficiarios de la obra pública, esto con el fin de poder contrarrestar la corrupción.
En ese sentido, señaló que la asociación tiene conocimiento que en Michoacán se siguen asignando obras a constructoras de otras entidades, "eso es precisamente lo que queremos establecer; la Ley de Desarrollo Social en su artículo 10 señala que se le debe dar prioridad a las empresas locales y el presupuesto para obra se debe destinar 35 por ciento a las mipymes, cosa que no se está haciendo".
Ejemplificó que en el caso de las obras por asignación directa en el municipio de Morelia sufrió una modificación, pues "en la administración anterior se tenía establecido que la asignación directa se podría dar por hasta 600 mil pesos, y ahora lo incrementó el cabildo a ocho millones de pesos; quiere decir que un funcionario del ayuntamiento puede asignar la obra a una empresa hasta por ocho millones de pesos, protegido por un acuerdo de cabildo, eso es lo que no se puede hacer, no puede estar a voluntad".
