Como una consecuencia de la situación en el sistema educativo estatal originada por su crisis financiera, se han visibilizado circunstancias inaceptables que socialmente habíamos dejado pasar de largo durante años. Una de ellas, fue la ignominiosa firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), pacto injusto que comprometió las finanzas educativas al máximo, propiciando la posterior firma de minutas, hecho que generó un déficit acumulativo al grado de volverse insostenible.

Esta circunstancia, finalmente se volvió del dominio público y mediante rueda de prensa se colocó en la agenda pública nacional el pasado 26 de noviembre de 2018. Sin embargo, la siguiente etapa de construcción de la solución, que dicen las ciencias políticas es el diseño de la política pública, se ha entrampado enormemente, debido a la falta de suma de actores clave, así como una guerra de declaraciones y cifras que han motivado mayor polarización en lugar de aproximación entre los involucrados para juntos solucionar la situación.

Precisamente, han sido la guerra de cifras y las preguntas sin respuesta las que han visibilizado el hecho de que conocemos muy poco el sistema educativo estatal, ya que hay muchos indicadores que no se construyen o no se difunden.

Especialmente, ante el polémico impacto del paro indefinido que impulsó la Sección XVIII de la CNTE durante 36 días, sobre el cual oscilaron las cifras de entre 10 mil y un millón doscientos mil estudiantes sin clases, se visibilizó una vez más la imperiosa necesidad de contar con herramientas ciudadanas para conocer, día tras día, grupo por grupo y escuela por escuela si es que se imparten clases regularmente.

A esta situación, no abona el abatimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con la consecuente liquidación de la estructura de personal existente, lo cual tiene repercusiones negativas en caso de que se soslayen por completo las fortalezas que se construyeron durante los años de existencia del organismo.

Si bien, ya está en marcha la transformación del INEE en otra dependencia, es de suma importancia que en la reingeniería que ello conlleva se pondere la importancia de la evaluación para que el sistema educativo vaya por una ruta de mejora continua.

Paralelamente, no se debe de perder de vista el hecho de que la única forma objetiva con la que contamos para conocer si el sistema educativo avanza en la dirección correcta o no, es la evaluación. Instaurar una cultura de la evaluación nos permitirá conocer de manera más precisa el estado de la educación nacional.

En Michoacán, cobra una dimensión aún más especial el que desaparezca una dependencia que hubiera ayudado a superar el tremendo hoyo de opacidad en el que se encuentra nuestro sistema educativo, del cual conocemos información a cuentagotas, debido a que se bloquea sistemáticamente la inmersión de nuestro sistema educativo en la cultura de la evaluación.

Lo que requería la delegación del INEE en Michoacán no era ser liquidada, sino arropamiento institucional para poder ejercer sus atribuciones, la capacidad de construir indicadores y herramientas de evaluación propios, para poder situar el estado de la educación estatal en su justa dimensión, con fortalezas y áreas de oportunidad, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo.

Esperemos se le brinde seguimiento en lo local a la cultura de la evaluación y a la rendición de cuentas en el ámbito educativo, especialmente en lo relacionado con la asistencia de los estudiantes y la respectiva verificación de que se les imparta clases en tiempo y forma, los cuales deben ser entendidos e interpretados como dos pasos firmes para que erradicar la opacidad en materia educativa.

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