Morelia, Michoacán (Boletín).- En Michoacán, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay mil 215 personas reportadas como desaparecidas ante el fuero común y 54 casos denunciados en el ámbito federal.
Por medio de un punto de acuerdo que presentará ante el pleno del Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla promueve que la LXXIV Legislatura haga un llamado al Ejecutivo de Michoacán a cumplir con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fue aprobada en noviembre del 2017.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se instaló en marzo de 2018, y en el Presupuesto Federal de Egresos de ese año se asignaron 282 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación para otorgar subsidios a las comisiones de búsqueda en los estados; sin embargo, 19 entidades federativas no han instalado su comisión local, y Michoacán figura entre ellos por no acatar el mandato de ley, señaló Ramírez Bedolla.
El diputado recalcó que las desapariciones en Michoacán constituyen un problema ante el que no se puede ser indiferente, ya que, además, una de cada cinco personas desaparecidas son mujeres, y de éstas, alrededor del 60 por ciento tiene entre 5 y 30 años de edad.
El acuerdo que propone Alfredo Ramírez es para que el Legislativo exhorte al Ejecutivo del Estado a emitir en breve el decreto administrativo para crear la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas del Estado de Michoacán de Ocampo.
La referida Comisión trabajaría en coordinación con su par nacional en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos; así como acciones orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas, y cometida por particulares.
Además de proponer el llamado a crear la Comisión estatal de búsqueda, Alfredo Ramírez plantea que el Ejecutivo asigne recursos estatales para su operación, y que gestione los subsidios federales necesarios para la realización de sus labores.
Alfredo Ramírez subrayó que se terminó el tiempo en que los Poderes públicos daban la espalda a los reclamos de los ciudadanos vulnerados por hechos delictivos que rayaban ya en lo cotidiano; "el voto popular nos ha abierto a ser sensibles a temas que antes negábamos, y nos reclama actuar para encontrar la solución a sus problemas".
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