El punto de partida de esta contribución es que, al menos desde 2019, existe una tensión importante y recurrente entre el gobierno federal morenista (en adelante, el gobierno morenista) y sus críticos (gobiernos -en los cuales se puede incluir al propio gobierno de Estados Unidos de América- partidos, grupos de interés y grupos de presión) como ocurre en el terreno de la gestión federal de la epidemia causada por el virus SARS Cov-2.
Esa tensión, natural en un sistema de base democrática como el mexicano, en el cual se ejercen a “grosso modo” las libertades y los derechos políticos, sin embargo, y para su legitimidad, necesita de un debate entre el gobierno morenista y sus críticos, en el cual las dos partes sean sinceras, actúen de buena fe, con respeto, e incluyendo los bienes y valores esenciales que nuestro derecho reconoce (los derechos humanos, como piso mínimo).
Si esa deliberación continuada entre el gobierno morenista y sus críticos es legítima (cuando se cumplen las condiciones indicadas de sinceridad, buena fe…) y nadie se asume por anticipado como el poseedor único de la verdad y en todo, lo más probable es que en el debate surjan las respuestas más adecuadas a los problemas; pero si la deliberación entre el gobierno morenista y sus críticos es ilegítima (al no cumplirse las condiciones dichas de sinceridad, buena fe…) y cada parte o una cree tener la verdad siempre y en todo, lo regular es que no se puedan construir las mejores respuestas posibles para los problemas, y que, por el contrario, se creen y añadan nuevos problemas.
En la epidemia provocada por el SARS Cov-2, el debate entre el gobierno morenista y sus críticos se ha mantenido, y uno de sus más recientes capítulos tiene que ver con los números que la Secretaría de Salud informa día con día respecto a la evolución y proyección de la epidemia.
La Secretaría de Salud federal ha sostenido que sus números sobre la Covid-19 son correctos: casos estudiados, casos sospechosos en estudio, casos estudiados negativos, casos estudiados positivos, casos estudiados activos y casos estudiados positivos con resultado fatal, y que también son correctos sus pronósticos sobre la fecha en que se alcanzará el pico de la epidemia, el número de fallecimientos que se esperan y cuándo concluirá la epidemia (los pronósticos, ha dicho la Secretaría, no tienen un valor predictivo absoluto).
En apoyo a sus argumentos, la Secretaría de Salud llama a la confianza y a la “autoridad” científica y moral de quienes producen sus números y dice que sus críticos solo cuestionan sus números por razones puramente políticas.
Los críticos, entre los cuales figuran exsecretarios de salud federales, científicos, políticos (incluso morenistas) y periodistas, en contrapartida, han afirmado que los números que informa el gobierno de Morena son incorrectos, porque: a) Las bases conceptuales de las cuales parten sus estudios son erróneas (por ejemplo, solo contar como muertos por Covid-19 a los fallecidos diagnosticados antes de morir, dejando fuera del conteo a los muertos por Covid-19 que no fueron diagnosticados antes de fallecer y que incluso son cremados); b) Los datos que emplea para informar la evolución y hacer las proyecciones, son de dos semanas previas al informe y no están “actualizados”; c) Se han aplicado muy pocas pruebas diagnósticas y por eso no se registran de forma real los casos sospechosos, negativos y positivos; d) Los gráficos empleados para explicar las proyecciones del pico de la epidemia, incluso, están mal hechos (un error imperdonable, dicen, para un gobierno nacional y en medio de una epidemia); e) El gobierno morenista en su proyección de evolución de la epidemia apunta a una disminución de la incertidumbre (como si supiera qué pasará después) mientras más tiempo pase y porque proyecta esa evolución de la epidemia a un valor de cero casos para el 25 de junio.
Pero que ningún otro gobierno, ni entidad científica en el mundo, siguen diciendo los críticos, puede proponer, ha propuesto científicamente disminuir de esa forma la incertidumbre en sus proyecciones, ni señalar una fecha específica de conclusión de la epidemia, ni especificar un valor de cero casos en fecha determinada (eso depende, en gran medida de la vacuna); además de que, agregan los críticos, el gobierno mexicano presenta los datos de proyección como si fueran del país y se refieren solo a la Ciudad de México y no es lo mismo, dicen, la Ciudad de México que Guerrero, por ejemplo.
La disputa entre el gobierno morenista y sus críticos por los números de la pandemia no es una cuestión baladí, porque esos números auxilian a comprender y predecir la realidad y a tomar decisiones para responder a los problemas que plantea la Covid-19 en México, de modo que si los números son incorrectos, las respuestas muy probablemente serán incorrectas y tendrán costos relevantes: el más importante, sobre la vida de las personas.
De manera concreta, por ejemplo, si el gobierno morenista presenta una proyección errónea de las fechas “pico” de la epidemia y de su “final”, o de cuándo tendrá poca relevancia, y en función de eso programa (aún escalonadamente) el cese de la recomendación de la cuarentena y se retorna a la “vida normal” es probable que eso cause un rebrote de la enfermedad, que nuevamente se tenga que decretar la cuarentena y que se ocasionen más costos de todo tipo y muertes, y viceversa, si sus pronósticos son correctos.
Evidentemente, el criterio que sirve para valorar cuál de las dos partes tiene razón en la disputa, debe apelar a las matemáticas, la probabilidad y la estadística (se habla de números) y eso complica las cosas para ponderar la confianza en los números.
Primero, las complica porque las razones teóricas, de método, técnica e instrumentos de matemáticas, probabilidad y estadística empleadas no han sido reveladas suficientemente, ni por el gobierno morenista, ni por sus críticos, de modo que no es posible profundizar sobre la fiabilidad de los datos informados (en estos casos, por ejemplo, lo usual es elaborar un protocolo completo de investigación o de estudio y publicarlo, lo cual no ha sucedido).
En segundo lugar, hay un problema que se llama de “información asimetrica” porque el gobierno morenista es quien prácticamente monopoliza los datos (y con esto me refiero a que el gobierno morenista es quien recibe o levanta, registra, analiza, procesa y presenta los datos “oficiales” del país) sin que se esté en igualdad de condiciones por cualquiera otra persona o entidad.
En tercer lugar, también es difícil reconocer cuál de las dos partes tiene razón o en qué, porque los medios de comunicación usuales (diarios, revistas, televisión, radio o las redes sociales) no admiten fácilmente el desarrollo de argumentos complejos, como son los matemáticos, de probabilidad y de estadística que podrían ofrecer las partes; amén de que la mayoría de las personas -los ciudadanos comunes- regularmente carecen de conocimientos especializados que les permitan comprender los hipotéticos argumentos de las partes.
No obstante lo anterior, es posible reconocer que así como en lo general los números que informa el gobierno morenista tienen una congruencia interna (esto es, entre ellos mismos), también es cierto (con apoyo en el dicho del vocero de la Secretaría de Salud, en al menos dos ocasiones) que solo se cuentan como muertes de Covid-19 las de personas que antes de fallecer fueron diagnosticadas con la enfermedad (lo cual arroja un subregistro); que es igualmente cierto el bajo número de pruebas diagnósticas aplicadas en el país (esto afecta el registro más “real” de los casos -sospechosos, negativos y positivos- vinculados a la Covid-19); y que también es cierta la enorme dificultad, sobre esa base, de pronosticar con certeza los picos de la epidemia (el gobierno morenista ha variado más de dos veces las fechas del pico de la epidemia) y su “final” para una fecha específica.
Por esa razón, es porque no se puede negar el acierto parcial de ambas partes en el debate, es imposible por ahora estimar como resuelto el problema de los números.
Pero hay que apuntar, cualquiera que sea la conclusión futura sobre el particular, que lo importante es que las partes reconozcan e incorporen los bienes y valores de reconocimiento social (la vida, la salud…) en el debate orientado a tomar decisiones y que ese sea el fin.
Pero, ojo, los ciudadanos debemos de estar atentos a ese debate de los números que incumbe necesariamente a todos y también preguntarse cómo lo afecta, para bien o para mal:
* El próximo proceso electoral mexicano, en cual estarán en disputa cargos públicos locales (gobernaturas, señaladamente) y la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
* La lucha por la continuidad o la derrota, según el interés en cuestión, del proyecto de la Cuarta Transformación.
* La protección y defensa de los intereses de agentes económicos preponderantes.
* La presión, a veces subterránea, a veces manifiesta de los Estados Unidos de América, para que la economía mexicana (que le provee de insumos) se reactive en los próximos días.
* La situación económica real en México y, en especial, de la clase media baja y de la clase baja.
* Y, aunque no se hable mucho de ello, el “bono” de la edad joven de la mayor parte de la población mexicana.
Decida usted.