El tipo especial de virus coronavirus y la enfermedad infecciosa COVID 19 que causa, no hace más de 4 meses que son conocidos; pero lo que sí se conoce es que se ha generado una crisis sanitaria universal.

Para responder a la crisis, los gobiernos nacionales han tomado medidas que se juzgan y valoran por los pueblos de cada país, a veces de forma muy negativa y en otras de forma positiva.

En México, la opinión pública se encuentra claramente dividida en torno a las medidas que han venido tomado los poderes y órganos públicos, en buena parte, debido a que atrás de las diversas opiniones subyace una postura política, un estado de ignorancia o sentimientos de temor, miedo e inseguridad, frente al virus y sus efectos.

Pero, cualquiera que sea la postura de opinión que se asuma frente a la crisis sanitaria, (en México apenas comienza a mostrar sus consecuencias en este primer episodio histórico) lo cierto y real es que los poderes y órganos públicos del país están actuando frente a la crisis sanitaria.

Si la actuación de los poderes y órganos públicos de nuestro país es lo adecuada, oportuna y proporcional que «debiera ser», es algo que por desgracia no se puede concluir ahora, por muchas razones: ya de entrada, es precario el conocimiento científico sobre el virus, sus consecuencias y tratamientos entre muchos otros aspectos (por ejemplo, no se ha podido acreditar o desacreditar científicamente si la trasmisión del virus se puede dar por algunos animales domésticos a los humanos, como también es visible que se «ensaya» el tratamiento de la enfermedad con paracetamol -no ibuprofeno, como igual se ha llegado a prescribir y no reprobar- y recientemente se ha dado la noticia de que, «al parecer» cierto medicamento para la artritis, permite atacar la enfermedad provocada por el virus).

Adicionalmente, es claro que en el contexto de cada país, son muchas y diferentes las variables que pueden afectar no solo el comportamiento del virus, sus consecuencias para la salud y la vida colectiva en todos los órdenes (por ejemplo, los grupos etarios de la población).

Así que, intuitivamente, no se puede considerar que las mismas medidas «drásticas» aplicadas por los gobiernos de China y Corea del Sur, deban, sin más, ser replicadas en contextos y tiempos diversos como el mexicano.

Lo cruel de todo ello es, sin embargo, que un comportamiento inadecuado, a destiempo y no proporcional por parte de los poderes y órganos públicos del país (de todos o en parte) va a redituar en fallecimientos de personas concretas, que por el solo hecho de ser personas, son valiosas.

Por supuesto que si los poderes y órganos públicos actúan de manera adecuada, oportuna y proporcional, la tasa de mortalidad descenderá, sin que se pueda esperar -por desgracia- un milagro de tasa «0» de decesos.

Y ya situado el cuadro anterior, se debe puntualizar con toda claridad, que un comportamiento inadecuado, a destiempo y no proporcional por parte de los poderes y órganos públicos del país, implica como consecuencia, una conjunto de responsabilidades muy variadas: política, administrativa, presupuestal y reparadora de daño, entre muchas otras.

La razón es que la Constitución Nacional -y las de las entidades federativas- establecen una estructura, organización, competencia y funciones definidas para hacer frente a los aspectos generales de la crisis, así como prevén algunas normas especificas atinentes a eventos epidemiológicos.

Incluso, es de observar que la Constitución Nacional, reconoce que los habitantes del país tenemos el derecho a la salud, entiéndase a los servicios públicos de salud, que, en el caso, significa a la salud frente a la crisis sanitaria, en los tramos de prevención (por ejemplo, los gobiernos en la esfera de sus competencias, tienen la obligación de vigilar los brotes de enfermedades provocadas, por ejemplo, por un virus), atención, medicamentos…

De manera más específica, otro plexo de leyes, entre las que destaca la Ley General de Salud y la novísima Ley de los Institutos Nacionales de Salud (pero no solo esas, sino muchas otras) sí que definen de forma muy precisa cómo se debe de actuar ante eventos epidemiológicos como el que nos presenta la crisis sanitaria presente.

Y en dicho sentido, debe decirse que las atribuciones que se otorgan a cada poder y órgano público (en conjunto o en lo individual) son amplísimas, puesto que pueden redituar en el extremo de prohibir que una persona vaya a cierto lugar; modular todo tipo de servicios en tiempo, espacio y materia; el mismo tránsito de personas; redistribuir y administrar el gasto y recursos públicos para la atención de ciertos aspectos de la crisis, entre numerosos aspectos.

Asimismo, ese marco jurídico, prevé mecanismos de apoyo, como el Fondo de Salud para el Bienestar, al cual se pueden inyectar recursos, para hacer frente a catástrofes, como se asoma ya la crisis sanitaria.

En el tema de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, también existe una norma oficial mexicana, que prescribe cómo actuar en vigilancia, obvio, para vigilar (NOM-017-SSA2-2012).

Y, por si ello fuera poco, existen planes, programas, manuales y diversas normas administrativas sobre cómo deben actuar las entidades públicas (con el apoyo social).
De modo que si los poderes públicos actúan desoyendo el marco jurídico que les gobierna, en ciertos casos y bajo ciertos supuestos, es procedente quejarse ante los órganos públicos protectores de derechos humanos, por los daños concretos que se sigan de un comportamiento indebido de una autoridad pública determinada.

Todo esto, sin embargo y como se decía al inicio, procedería más nítidamente, más bien «ex-post».

En lo particular, aclaro que esto que se escribe, no es un llamado a responsabilizar irrazonablemente, esto es, nomás porque si a nuestros gobernantes que, por su función, tienen radicada la competencia de coordinar y tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis, sino que esto que se escribe persigue que se reflexione de la forma más objetiva sobre el hacer de nuestros gobernantes en la epidemia y pedir razonablemente que tomen las medidas idóneas, oportunas y proporcionales que correspondan (la suspensión de clases y labores en muchos centros de trabajo, es algo que alienta).

Al final, hay que decirlo, el resultado frente a la crisis sanitaria, también depende y en mucho, de nuestro propio comportamiento: seguir las pautas trazadas y tener una actitud prudente, por caso; pues para muchos, por ejemplo, malamente la suspensión de labores significó ya unas vacaciones adelantadas, con los riesgos que implican en este momento.