Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Rafael Villaseñor Villaseñor, presentó denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoem) por el presunto desvío de alrededor de 5 mil 500 millones de pesos del Seguro Popular, en 2012 y 2016 en Michoacán.
Este probable quebranto a la hacienda pública federal fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aclaró Villaseñor, quien presentó también otra denuncia por el ejercicio irregular de más de tres mil 600 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud ejercidos en dicho tiempo.
Según la documentación que entregó el también presidente del Comité Coordinador del SEA a la Secoem, en las dos últimas administraciones estatales en Michoacán se registró un probable quebranto a la hacienda pública federal por cerca de 9 mil millones de pesos que fueron etiquetados para el Sector Salud en la entidad.
Tan solo en el año 2016 se presume un probable daño al patrimonio federal que ronda los 991 millones 300 mil pesos que fueron etiquetados para el Seguro Popular en el estado.
Mientras, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se detectó en esa misma anualidad un supuesto desvío de casi 334 millones de pesos, por la falta de documentación comprobatoria de gasto y traspasos de recursos a otras cuentas distintas a las del fondo.
En entrevista, Villaseñor Villaseñor señaló que da vista al órgano de control estatal de los señalamientos que ha hecho la ASF, para que investigue lo conducente y no queden impunes los desvíos que el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo ha denunciado ante los medios de comunicación.
"No queremos que esto se quede en el archivo, queremos que reconozcamos que hay un problema, pero que existan, en dado caso, los procedimientos resarcitorios de daños", comentó.
Finalmente, agregó que el presunto desvío millonario de recursos federales que debieron ser aplicados en los servicios de salud en la entidad vulnera los derechos de los michoacanos a tener atención médica de calidad en instalaciones adecuadas.
R
