Después de tantos siglos de convivir con el derecho, no hay después de todo una sola forma de entenderlo y esto crea y recrea debates interminables; pero en otra ruta, quizá hay menos desencuentros para identificar qué experiencias son derecho, así, un proceso judicial, una sentencia judicial, una ley, una reforma constitucional, por lo general son consideradas como “experiencias jurídicas” en el sentido de que son actos o hechos de ese carácter (y se dice que por lo general se consideran “experiencias jurídicas” porque en función de lo que pensemos qué es derecho, a la “experiencia” en cuestión se le podrá asociar la palabra “jurídica” y quedarán algunas “experiencias” dentro y otras fuera de ese continente “jurídico”)
El derecho, en tanto se entiende como cada una de esas “experiencias jurídicas” concretas o como el conjunto de esas mismas “experiencias” guarda relación con la vida social, política, económica y cultural de la formación humana en cuestión.

Para algunos teóricos, en especial de raíz marxista, la idea es que en una formación económico social capitalista (como la que hoy vivimos en su clave neo-liberal) el derecho sólo constituye una herramienta para mantener, preservar y reproducir esa misma formación económico capitalista, de modo que las “experiencias jurídicas” son llanos instrumentos refinados de dominación. El derecho, se dirá, es un obstáculo para el cambio social.

Del otro lado, están quienes consideran que el derecho, sus “experiencias jurídicas” más bien ayudan a crear las condiciones para el cambio social.

Por supuesto que por filosofía, teoría y métodos, las perspectivas parten de nociones de derecho y de cambio diversas y no es de extrañar que elaboren concepciones que no se armonizan entre sí.

¿Para qué mencionar todo lo anterior? Bueno, ello obedece a que en México, analíticamente la élite política parece deambular entre aquellas dos posturas: Una, que desde el punto de vista marxista se usa de manera conscientemente al derecho para recrear las condiciones de reproducción del sistema económico y social en el cual vivimos, y dos, desde el otro ángulo, que le emplea con el ánimo convencido de que es una herramienta esencial para crear las condiciones del cambio (un cambio que por cierto no es tan claro en su origen, ni en su contenido, ni objetivos).

A guisa de ejemplo, hay que observar que los “hacedores de leyes” año con año se empecinan en reformar las normas constitucionales, crear o modificar cuerpos o reglas legales y cuanta norma positiva que sea de su competencia.

El discurso manifestado por los “hacedores de leyes” es que su actividad creativa o reformadora está orientada a crear las condiciones para lograr objetivos tan buenos y justos como mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del país, que todos los habitantes del país estén en condiciones de acceder a un servicio público de salud eficiente y eficaz, que tengan acceso a la información pública, que exista igualdad, que haya un reparto equitativo de la riqueza nacional, que se mejore la administración de justicia, y un largo, largo etcétera.

En la semana próxima anterior, la Cámara de Senadores recibió otro paquete más de reformas constitucionales, legales y de nuevos cuerpos legales en materias diversas que van del trabajo al registro público inmobiliario y catastral, entre otras.
Esas reformas y nuevos ordenamientos tienen como prólogo otras reformas y nuevos ordenamientos cuyo desarrollo y/o aplicación se encuentran en curso.

¿“Los hacedores de leyes” creen en verdad que sus leyes incidirán en el cambio social? Es de suponer que si, al menos con el beneficio de la duda; pero el gran problema no parece estar en el discurso, sino en que las condiciones políticas, económicas y sociales de México en su parte medular casi inalteradas y en que para la gente socialmente desaventajada las cosas no parecen cambiar, esto es, que los cambios son tan secundarios que son “imperceptibles”.

A partir de ello, viene el cuestionamiento de si esos “hacedores de leyes” desconocen la realidad política, económica y social del país y que sus leyes no parecen tener el efecto deseado. Si la respuesta es que desconocen esa realidad y la verdadera capacidad transformadora de sus leyes, la situación no es halagüeña por el pecado de la ignorancia y la desatención; pero si, por el contrario, esos “hacedores de leyes” conocen la realidad y la breve capacidad de cambio de sus leyes (aún bajo la idea de que se argumente que los cambios no pueden ser sustanciales ni raudos o de cambios drásticos) entonces, ¿están creando de manera consciente las condiciones de reproducción de un sistema económico, político y social poco deseable?

Y esto es un poco más complejo, porque muchas de las reformas constitucionales aprobadas y por aprobarse tienen que ver con una tendencia a nacionalizar (desde el Congreso Federal) la regulación legal de materias tan importantes como la política electoral, la justicia penal, la información pública, temas sustanciales de la familia, servicios públicos inmobiliarios y catastrales, entre muchos otros.

Ese “retorno” a un centralismo “nuevo” vía la legislación nacional es algo riesgoso, porque aún bajo el manto de una pretendida eficiencia y eficacia, se esconde la aglutinación del poder en demérito de las entidades federativas (en un estado federal) y se debe recordar que cuando el poder se monopoliza o tiende a monopolizarse tiene efectos perniciosos para la población en su conjunto.

¿Se quieren recrear las condiciones de un sistema económico social de antaño que se cuestionó por deficitario? ¿Es el retorno al pasado con un nuevo rostro?

Parece que esto no conviene a nadie, ni siquiera a los propios “hacedores de leyes” porque la historia ya ha mostrado no solo lo ineficiente sino también lo injusto de un centralismo subrayado.

Ojalá que se trate solo de que los “hacedores de leyes” tienen una firme convicción de que “sus” leyes son una herramienta para crear las condiciones del cambio social, ojalá y que además cambien las cosas, para bien de la población general.