La Mesa de Seguridad Ambiental encabeza las acciones (Foto: cortesía)

Tacámbaro, Michoacán (Boletín/Redacción).- La Mesa de Seguridad Ambiental desmanteló otra huerta ilegal en Tacámbaro, con ello iniciaron las acciones operativas en esta zona.

Los operativos en la demarcación arrancaron el predio conocido como La Pitaya, donde un particular destruyó más de 15 hectáreas de bosque para instalar aguacates y ollas de captación de agua, pero la vegetación original es de clima templado-frío, el arbolado corresponde a los géneros Pinus (Pino), Quercus (Encino) y matorrales.

Antes de desmantelar esta huerta que generó un ecocidio, se investigó en archivos históricos, en las fotografías satelitales se aprecia que el predio fue desmontado a partir del año 2009 hasta 2015 y en el año 2016 se introdujeron plantas de aguacate.

Por eso este jueves personal de las instituciones que conforma la Mesa de Seguridad Ambiental arrancaron un promedio de siete mil plantas de aguacate que tenían una altura de aproximadamente de 0.60 a 1.3 metros de altura y con diámetros de troncos de 3 a 8 centímetros.

(Foto cortesía)

El sitio del operativo se localiza en la parte noroeste del municipio de Tacámbaro, en la localidad de Copitero, a 40 kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal, sitio por el que se recibió una denuncia ciudadana que demandaba la alteración ecológica que allí ocurrió, por lo que se procedió a atender la queja y actuar con apego a lo dispuesto en la Ley Forestal del Estado de Michoacán.

Con el de este jueves van ya nueve operativos, acciones que no tiene precedente y que son de vital importancia para la sobrevivencia de especies y para detener la alteración climática local, es un punto de arranque pero será consecutivo, los delitos ambientales se persiguen y se castigan hasta con nueve años de presión, además de la obligación de restituir los recursos naturales.

Los delitos son tala ilegal de bosque, aprovechamiento ilegal forestal, venta de madera ilegal, cambio de uso de suelo y ecocidio, penas por las que se pueden alcanzar hasta nueve años de prisión, además de las sanciones económicas que contemplan los procedimientos.

jcms