Hace tan solo algunos años, se tenía conocimiento de la información pública a través de determinados medios oficiales, como lo son los comunicados que emiten las autoridades; también se consultaba toda la información que éstas generan, poseen o administran a través de los portales de transparencia, lo cual ahora también se encuentra concentrado en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Sin embargo -como se comentaba en la columna anterior-, las redes sociales se han vuelto hoy en día, la forma de comunicar y, ahora no sólo se comenta de temas personales, sino que los servidores públicos dan a conocer sus actividades relacionadas con el ejercicio de sus facultades o atribuciones; lo que ha generado que en cuentas personales, se publique información pública.
Esto, efectivamente ha ayudado a la comunicación e interacción inmediata con las personas, pero también ha generado problemas. En realidad el mundo virtual en el que nos encontramos inmiscuidos, avanza de manera tan vertiginosa, que no nos detenemos a pensar en las consecuencias de lo que se hace o dice en la red; ya se ha comentado en esta columna de la falta de cuidado y violación a los datos personales, en el párrafo anterior tenemos el ejemplo del uso de cuentas personales para fines públicos y, la cuestión que les quiero platicar el día de hoy, es otro caso más que busca ser regulado.
¿Cómo saber si la información pública que se lee en redes sociales es confiable?; la cuenta en la que nos informamos ¿realmente pertenece al servidor público o alguien creó una cuenta falsa?
La Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, coordinada por el Maestro Salvador Romero Espinosa quien es Comisionado del Instituto de Transparencia de Jalisco, ha puesto sobre la mesa este tema ¿cómo regular la difusión de información pública mediante las redes sociales digítales?, con lo que se pretende fijar premisas que permitan identificar los casos en que se difunda información pública a través de redes sociales digítales.
Se han propuesto unas Políticas Generales, que de aprobarse, van a permitir tener certeza sobre qué cuentas son realmente administradas por los servidores públicos y garantizar la continuidad, verificabilidad, accesibilidad y conservación de la información pública que los sujetos obligados difundan en redes sociales.
El documento propuesto, establece una serie de recomendaciones y buenas prácticas respecto a la utilización y manejo de las redes sociales digitales como mecanismos para la difusión de información pública, como lo son: establecer medidas para garantizar a todos los usuarios el acceso a las cuentas de redes sociales oficiales desde las que se difunda información pública; y, la creación de un directorio de redes sociales oficiales, en el que también se puedan incluir las personales de los servidores públicos que voluntariamente decidan incorporarse a dicho directorio, sin que por ello puedan considerarse dichas cuentas como oficiales o institucionales.
Así es que ya tenemos una propuesta que será votada por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, por lo que seguro, pronto tendremos certeza de la información pública a la que accedemos, lo cual resulta indispensable para poder tomar decisiones y, participar en los asuntos públicos.
JRR
