Morelia, Michoacán (Boletín).- La Contraloría Interna debe vigilar el cumplimiento dentro del Congreso, de la Ley del Fomento al Primer Empleo y a la Primera Empresa para el Estado, propone el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso local.
El diputado por el Distrito de Hidalgo, planteó este miércoles en sesión del Pleno Legislativo, una iniciativa por la que se reforma el artículo 26 de la Ley del Fomento al Primer Empleo y a la Primera Empresa para el Estado para que la responsabilidad de la vigilancia al cumplimiento de dicha norma en la Cámara, no esté en la Secretaría de Administración y Finanzas, sino en la Contraloría Interna.
"Esta Ley lo que busca es fomentar, promover e impulsar la creación de nuevos empleos y primeras empresas parar los jóvenes, uno de los sectores más importantes para la sociedad mexicana, por lo cual, el perfeccionamiento constante de dicho ordenamiento legal representa una ineludible prioridad legislativa".
El legislador perredista señaló que la función interna para la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Legislativo, es el proveer de recursos a sus unidades administrativas y la aplicación de recursos financieros, por lo que es una instancia con funciones de provisión y aplicación, es decir, acciones de ejecución, no de vigilancia.
"La Contraloría Interna del Congreso, es el órgano especializado en el control, revisión y fiscalización del ejercicio del presupuesto de egresos del Poder Legislativo, por lo que, se constituye como la instancia idónea para vigilar que se cumpla con lo establecido en la Ley que se propone modificar, en lo que respecta a la contratación de jóvenes", refirió.
El espíritu de la propuesta es modificar, es el otorgar estímulos, incentivos, beneficios técnicos, fiscales y económicos, así como el acceso preferente a los programas y apoyos al sector juvenil, buscando un desarrollo económico estatal inclusivo. Por lo cual, resulta importante el acceso a estos incentivos, pero también su fiscalización a través de un órgano contralor especializado.
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